Las violentas protestas en Colombia han traído otra vez la discusión sobre el uso progresivo de la fuerza. En Ecuador se busca elevar este procedimiento a una ley. Al menos 33 personas han muerto en Colombia, durante el paro nacional que empezó el 28 de abril de 2021 y que aún no logra desactivarse. Un año y medio antes, en octubre de 2019, Ecuador vivió jornadas de protesta también violentas y hubo 11 muertos. A finales de ese mismo año, en Chile, otro estallido social dejó 34 fallecidos.

Estas tres protestas fueron respuesta a medidas económicas impopulares de los gobierno y en los tres casos, la mayoría de víctimas han sido atribuidas a excesos policiales y estatales.

Los límites de los
Estados para el uso de la fuerza pública internamente empezaron a
discutirse formalmente en 1955. Ese año, la ONU organizó el Congreso
sobre prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Allí se habló por primera vez de la importancia de establecer límites al
momento de emplear la fuerza para contener a delincuentes.

En 1979 la ONU creó el Código de conducta para funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley. Ese instrumento estableció los parámetros que
debían seguir los estados para la creación, preparación y mantenimiento
de cuerpos policiales.

Y en 1990 se emitieron, finalmente, los Principios básicos sobre el
empleo
de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.

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