Los nichos ya no dan abasto en Ambato. Los del cementerio San Vicente, el más grande de la ciudad, se agotaron. El presidente de la Asociación de Funerarias de Tungurahua, José Quishpe, alertó de esta situación.
“Hemos hecho acercamientos para solicitar que se abran nuevos espacios”
Tungurahua es ahora la provincia con la más alta tasa de mortalidad del país, seguida de Chimborazo, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, según cifras del Registro Civil.
Esas estadísticas muestran que entre marzo y lo que va de julio se han inscrito 27 234 defunciones por encima del promedio de los dos años anteriores a nivel nacional. Esto equivale al impacto de unos 40 terremotos de la magnitud del que ocurrió en abril de 2016.
El número de fallecimientos inscritos ha subido de forma constante desde la tercera semana de junio, cuando se contabilizaron 2033 defunciones solo en esa semana. Un mes después, la cifra llegó a 2357 decesos semanales.
El panorama podría ser peor, pues estos datos, que tienen corte al lunes pasado, son preliminares ya que muchas muertes que se inscriben hasta con meses de retraso.
En lo que va de julio, Sucumbíos casi triplicó el número de fallecidos en comparación con el promedio de los dos años anteriores. La cifra pasó de 44 (el promedio) a 122 este año. En Pichincha se incrementó el 144 %; en Tungurahua, el 134 %; en Pastaza, el 132 %; en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 107 %; y en Chimborazo, el 88 %. Esas son las provincias más complicadas.
El epidemiólogo Daniel Simancas advierte que las provincias de la Sierra central, Santo Domingo y Pichincha, han experimentado un crecimiento sostenido del impacto del virus y que si las medidas de restricción no se relajan, el pico podría ocurrir entre septiembre y octubre.
“Podemos hablar de un alargamiento de la curva, no de un aplanamiento porque el sistema de salud está colapsado en muchas provincias… No se han hecho las gestiones suficientes para soportar nuevos brotes y nuevos enfermos”, anota.
En cambio, añade el especialista, las cifras muestran que Guayas, Santa Elena, Manabí y Los Ríos ya pasaron la primera oleada, con un saldo de unos 15 000 muertos solo en Guayaquil.
Los hospitales de esta ciudad están acogiendo ahora a enfermos de otras provincias. “Si es que hay un brote o una nueva ola en Guayaquil, no se tendría a dónde mandar a los pacientes”, advierte Simancas.
La situación de Pichincha se complicó en las últimas semanas. Sin unidades de cuidados intensivos (UCI) disponibles, el levantamiento de cadáveres asociados al COVID-19 en casas y lugares públicos se disparó las dos últimas semanas. El Municipio de Quito informó que en tres meses se han recogido 200 cuerpos en total y que 75 de estos se hicieron entre el 13 y el 26 de julio.
En Chimborazo la situación es parecida. La Sala Situacional del Municipio de Riobamba ha reportado que las 21 camas de cuidados intensivos que existen en esa ciudad han estado ocupadas al tope las últimas cinco semanas.
Los pacientes que requieren esa atención están en una lista de espera que oscila entre ocho y diez turnos.
“Son insuficientes 21 camas cuando tenemos alrededor de 60 o 70 pacientes con moderada gravedad que podrían complicarse”, alerta Marco Murillo, quien preside esa Sala Situacional.
Además, la confirmación de contagios ha crecido. Murillo señala que en marzo se detectaban 9 casos diarios en promedio; en mayo, 13; en junio, 25; y que este mes la cifra está entre los 30 y 35.
En Tungurahua la situación sigue complicada. Frente a la falta de nichos, el Municipio de Ambato inició un proceso de contratación para construir 300 espacios más. Además, esa institución aseguró en un comunicado que hay 1900 metros cuadrados de terreno disponible para inhumar los féretros gratuitamente.
José Quishpe, quien está al frente de las funerarias, señala que ese terreno no está listo. “Nos dicen que tenemos que hacer los huecos”, afirma. El problema es que no hay quién haga ese trabajo, pues los empleados temen el contagio.
La gobernadora de Tungurahua, Gabriela Rodríguez, señala que si el problema persiste se tendrá que recurrir a las fosas comunes. Recordó que por ley un pequeño porcentaje de los cementerios municipales y parroquiales le pertenece al Estado. “El protocolo de inhumación de cadáveres permite que en este 3 % nosotros tengamos que hacer huecos, las llamadas fosas comunes”, advierte.
Fuente Informativa El Universo