El Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) brotó en la Asamblea Nacional bajo el objetivo de dar forma a la designación de las actuales autoridades de la Asamblea Nacional y armar las doce comisiones legislativas permanentes y la de Fiscalización junto con Alianza PAIS, CREO y el BIN.
Ganar espacios dentro de la Asamblea fue lo que movió a los ocho integrantes de ese grupo político y que nunca logró llegar a catorce miembros para poder ser una bancada. Según Raúl Tello, su acción orgánica no duró más de dos meses y ahora cada uno actúa de forma aislada.
La característica que unía a ese grupo era que sus integrantes: Eliseo Azuero (Sucumbíos), Franco Romero (El Oro), Freddy Alarcón (Sucumbíos), Washington Paredes (Galápagos), Rosa Verdesoto (Tungurahua), Raúl Tello (Pastaza), María Mercedes Cuesta y Fernando Burbano (asambleístas nacionales), eran disidentes de las fuerzas políticas que los llevaron a la Asamblea.
Quince meses después los une una investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la construcción del hospital de Pedernales; se investiga a 19 personas, entre las que están el exasambleísta Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, quien lideró el grupo BADI.
Para la vinculación de Azuero, la Fiscalía presentó una transcripción de un audio periciado en el que supuestamente participan Mendoza y Azuero y pronuncian nombres que coinciden con los integrantes del BADI. Todos fueron llamados para que de manera libre y voluntaria hablen sobre lo que conocen de los hechos que se investigan. Los que han acudido hasta el momento se han desmarcado y también se han acogido al derecho al silencio. Faltan por presentarse Rosa Verdesoto y María Mercedes Cuesta.
Franco Romero, actual coordinador de BADI y quien reemplaza a Mendoza en la Comisión de Régimen Económico, en la sesión del pasado viernes explicó que ante la Fiscalía dijo lo siguiente: “He comparecido ante el llamado por respeto a usted y a la Ley, y además porque he sido mencionado (…), no obstante al no poder aportar nada sobre los hechos que se investigan, por desconocimiento de los mismos, me acojo al derecho al silencio de acuerdo al artículo 77, numeral 7, letra b de la Constitución de la República”.
Fuente informativa:El Universo