Una primera denuncia en contra del contralor General del Estado, Pablo Celi fue negada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El 22 de julio, los vocales del TCE resolvieron negar una denuncia planteada por un ciudadano Edmundo Sánchez Cruz en contra de Celi, quien lo acusaba de una infracción grave, por haber emitido un informe con predeterminación de destitución en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero.
Esto porque, según la Contraloría, no cumplieron con una recomendación plasmada en un informe de agosto del 2019 de vigilar la inscripción de los movimientos políticos Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social (FCS) al hallarse inconsistencias en las firmas presentadas para obtener su personería jurídica.
Según el denunciante, las recomendaciones emitidas por el órgano de control, “constituyen una amenaza a la paz y armonía ciudadanas, al normal desarrollo de las acciones ya planificadas y en marcha, que corresponden al período electoral en su fase preelectoral, amenaza que puede conducir a caotizar la sociedad ecuatoriana” .
Aseguró que se “pretende cesar en sus funciones” a los tres consejeros lo que “afecta sus derechos como ciudadano, por cuanto está provocando un serio atentado al proceso electoral al interferir en el funcionamiento de la Función Electoral”.
El Tribunal le pidió que aclare su denuncia y “determine de forma clara y precisa los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados”, ya que por agravio se entiende “el hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando es injusto; o, aquel perjuicio que se hace a una persona en sus derechos o intereses”.
Fuente informativa El Universo