María Cristina Kronfle pide reformar Ley de Discapacidades a la Asamblea.
María Cristina Kronfle, exlegisladora e integrante del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, cree que la Asamblea Nacional debe reformar la Ley Orgánica de Discapacidad, incluir nuevamente el inciso 2 del artículo 10, que fue derogado en el 2018, y en el cual se daba la facultad al Ministerio de Salud y a la ciudadanía de solicitar un expediente para que, luego de comprobar error o dolo, se rectifique o anule el carné de discapacidad.
¿Cuál cree usted que es la razón para que se haya desatado en estos últimos años la entrega de carnés de discapacidad a personas que no tenían esa condición?
Tengo algunas conclusiones. Considero que muchas personas inescrupulosas, con una grave falta de ética, e incluso de integridad, vieron los derechos económicos de la Ley Orgánica de Discapacidades, las exenciones tributarias y los beneficios -la reducción en servicios básicos- como un negocio redondo, como una posibilidad de eludir responsabilidades tributarias y estafar al Estado… Otra de las razones es que se derogó el inciso 2, del artículo 10 de la Ley Orgánica de Discapacidades -con la Ley de Simplicidad de Trámites, en octubre de 2018-, que daba la facultad a la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud) y a la ciudadanía a solicitar que se aperture un expediente administrativo y, en consecuencia, de comprobar que ha sido por error, negligencia o dolo del equipo calificador, se rectifique o anule (el carné de discapacidad). Al retirar la facultad en el 2018, en el 2019 subieron las importaciones de vehículos, hubo un incremento exponencial.
¿Ya no se puede hacer ese trámite?
Es mucho más engorroso, amerita una auditoría de cada caso, ya no es tan sencillo como aperturar un expediente, investigar el caso o que un ciudadano me diga. Para poder hacer esto tiene que ir a la Fiscalía. Dígame, ¿qué persona va ir a la Fiscalía a denunciar que una persona muy probablemente, porque no hay la certeza, está usando un carné de forma fraudulenta? Se ha convertido en una telaraña que no hay por dónde salir, que no tiene solución.
¿Cree que fue positivo o negativo que el manejo de los carnés pasara del Conadis al MSP?
Era necesario. No había otra vía… Se dio a la autoridad sanitaria (Ministerio de Salud), considerando que era lo más correcto. El MSP tiene en sí una Dirección Nacional de Discapacidades, que tiene bajo su mando a los equipos calificadores. Estos equipos son los que emiten los carnés con tipo y porcentaje. Una vez analizado el diagnóstico, que puede venir tanto de la red pública de salud como de un médico privado, que debe ser validado por la red pública de salud, pero revisando eso tiene que hacer una evaluación y la calificación para luego la emisión del carné con tipo y porcentaje.
La suspensión de la entrega de carnés, por las actuales investigaciones, ¿qué tanto perjudica a las personas con discapacidad?
Sí perjudica, sobre todo a quienes tengan trámite en curso, pero yo sí haría un llamado al grupo de personas con discapacidad que comprendamos que es necesario para que nuestros derechos no sigan siendo cuestionados y no sean alterados de manera permanente, que no sumemos a este tiempo de investigación y auditoría que se está dando sobre las importaciones irregulares y la emisión, irregular también, de los carnés.
Usted ha dicho que es indignante ver cómo algunos han aprovechado los derechos de las personas de discapacidad, ¿cuál sería la solución para que no vuelva a ocurrir?
Una es que la Asamblea Nacional, ¿qué tiene que estar haciendo para investigar esto? No le corresponde. Lo que le corresponde es reformar la Ley Orgánica de Discapacidad, pero no de manera integral, sino en este caso para resolver de manera inmediata este problema, para que se puedan aperturar todos los expedientes administrativos y se puedan sacar a todos los médicos y funcionarios que conforman los equipos calificadores que hayan tenido algún grado de participación en la emisión de estos carnés que han sido dados de manera fraudulenta.
Otra solución es que las autoridades actúen de conformidad con las competencias que le da la Constitución y la Ley. Es decir, que la Fiscalía haga las investigaciones penales necesarias, si es de meter preso, se meta preso a quien deba estar preso. Por otro lado, sé que el contralor general del Estado ha dispuesto exámenes especiales, no solo al MSP sino también a la Aduana… yo creo que al menos se le truncó el negocio a quienes estaban enquistados haciendo dinero de esto. También creo que sería prudente hacer una auditoría al patrimonio de los miembros de los equipos de calificadores, a ver si corresponde lo que ganan en el Ministerio de Salud con sus bienes y patrimonio, porque ahí también podría verse un enriquecimiento ilícito. Toda actuación de autoridad competente será una solución para que esta suerte de mafia articulada que se ha generado a partir de los carnés de discapacidad sean dados de baja.
¿Conoce si se han aplicado sanciones administrativas y penales a funcionarios y personas que hayan obtenido ilegalmente este carné?
Sé que ha habido casos, no me enterado de muchos, por lo tanto creo que son bastantes pocos en relación con los casos reales… Varios funcionarios, del MSP y Conadis, fueron puestos a órdenes de la Fiscalía y hubo sanciones penales por la emisión de estos carnés
¿El Consejo hace seguimiento de estos casos?
Yo soy consejera principal por la sociedad civil, gané por mérito y oposición. Los otros cinco son del Ejecutivo y todas las funciones del Estado que están representadas en el pleno. El representante del Ejecutivo es Xavier Torres, él está presidiendo estas causas. Sin embargo, sí creo que no debió haberse tenido muy callado el asunto. Yo creo que desde el primer caso de corrupción debió hacerse un boom para que los demás que lo estaban haciendo o pretendían hacerlo, al menos tengan un ejemplo de lo que les podía pasar si continuaban cometiendo estas irregularidades.
Dice que no debían callar, pero usted es parte del Consejo
De esto no estuvo encargado del pleno. Yo formo parte del pleno, yo no formo parte de la parte administrativa que lleva esos casos.
¿Usted no conocía de estos casos?
No, esos casos no los conocemos los consejeros que conformamos el pleno. De esos casos los conoce el representante del Ejecutivo y como es el representante legal, él es el que procede. Considero que sí se debió, no solo haberse informado de manera casual, sino que debió de informarse a través de boletines, de medios…
A ustedes también, como Consejo
Si nos hubieran dicho, hubiésemos hecho alguna resolución para poner en conocimiento a la ciudadanía, de esto que estaba sucediendo.
¿Cuándo usted conoció de estos casos de irregularidades en la calificación y emisión de carnés?
A mí me lo comentó Xavier Torres, como en el 2018. Y desde ahí he hecho algunas investigaciones, yo le comenté al contralor del Estado hace como un mes y medio, y por eso que se planificó, antes que saliera el caso de (Daniel) Salcedo, estructurar exámenes a estos procesos, porque ya había identificado yo el grado de riesgo que estaba dentro de la Ley de Discapacidades y en el equipo calificador. Por el tema de investigación, llamé a patios de autos, donde ofrecían la tramitación de carné de discapacidades para la compra de vehículos con exoneración tributaria. No me tomó poco tiempo, fue estructurar todo esto, me tomó algún tiempo, porque además lo hice sola.
¿Cuáles fueron los resultados?, ¿cuántos equipos calificadores estaban involucrados?
Mi investigación me llevó a poner en conocimiento a autoridades competentes para que, de conformidad a sus competencias, procedan.
Fuente a Diario El Universo