El informe sobre el veto a ley electoral está listo

La Comisión de Justicia enviará de inmediato las recomendaciones para que el pleno de la Asamblea apruebe las reformas y entren en vigencia. De las 18 objeciones presentadas por el Ejecutivo a las reformas al Código de la Democracia aprobadas por el pleno de la Asamblea, la Comisión de Justicia, que revisó el veto presidencial, recomienda allanarse a nueve observaciones y ratificarse en las demás. Es decir que los legisladores aceptan cambios en nueve artículos del proyecto de enmienda y niegan el veto a las otras. La presidenta de la Comisión, Ximena Peña (AP), dijo que enviarán de inmediato el texto al presidente de la Asamblea, César Litardo,  para que convoque a los legisladores a sesión del pleno hasta máximo el próximo miércoles. Peña estima que la votación se efectuaría en bloque: primero los nueve allanamientos en conjunto y luego las ratificaciones, pues en la comisión hay asambleístas de todas las bancadas que ya han compartido las conclusiones con sus grupos. De todos modos existe la posibilidad de que en el pleno resuelvan revisar artículo por artículo. No obstante, todavía está pendiente en la comisión la discusión del veto sobre la propuesta del Ejecutivo del tiempo de licencia que deben pedir obligadamente los funcionarios que se presenten como candidatos. En este punto, el Mandatario propone que el período empiece al inicio de la campaña, que se extiende por 45 días, pero los legisladores consideran que la licencia sin sueldo corra desde la inscripción, es decir 90 días. La asambleísta puntualizó que en la reunión de este miércoles 15 de enero de 2020 se evacuará el tema y completarán todo el análisis que mandarán al pleno. Asimismo sostuvo que el 50% del veto se refiere a observaciones de forma por redacción, aumento u omisión de palabras, por eso no hubo mayor oposición. En lo de fondo destacó que aceptaron incluir las sugerencias que hizo el Presidente de la República, quien plantea un importante incentivo a las alianzas a través del Fondo de Promoción Electoral que otorgará el 20% más por cada organización que inscriba una alianza. La Comisión considera que el texto propuesto por el Ejecutivo estimula las alianzas electorales. Pero no aprobaron eliminar el artículo 223 que obliga a reintegrar el 50% de los valores de la promoción electoral luego de la segunda elección, cuando el mismo candidato no obtenga al menos el 4% de los votos en la respectiva dignidad. Otro punto que no pasó es la propuesta de que los consejeros del CNE y jueces del TCE puedan ser sancionados con suspensión de derechos y destitución del cargo en caso de quejas. Los asambleístas manifestaron que esta disposición es competencia de la Asamblea que puede remover a los funcionarios previo al trámite de un juicio político. Circunscripciones Otro punto en el que se ratificaron se refiere a la sugerencia del Ejecutivo de eliminar las circunscripciones electorales. El rechazo lo fundamentaron en que no fue parte de la discusión de las reformas, por eso no consta en el texto enviado para el veto. “El Ejecutivo no puede proponer un cambio que no se debatió de acuerdo al artículo 138 de la Constitución y el 73 de la Ley Orgánica de la función Legislativa”, apuntó Peña. Al respecto, el consejero del CNE, Luis Verdesoto, opinó que el Ejecutivo puede proponer este cambio ya que es necesario eliminar las circunscripciones, pues se necesita para que el método de Webster, que se retomó en las reformas al Código de la Democracia, pueda funcionar. Él cree que se disminuye las capacidades del TCE, “al ser un órgano de justicia electoral debe tener la capacidad de sanción, incluso a los consejeros del CNE porque son administrativos”. A pesar de que existe una anuencia por parte del Ejecutivo en la mayoría de reformas, observó solo 18 artículos de 176. “Lamentablemente estas no cumplen el objetivo primordial que es el fortalecimiento del sistema electoral”, indicó el jurista Esteban Ron. Concuerda con el veto que estimula las alianzas electorales pues contrarresta la dispersión de organizaciones y otorga certeza a la ciudadanía. (I)

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