El proyecto de Ley de Crecimiento Económico ha sido blanco de múltiples críticas. Una de ellas, por la cual algunas tiendas políticas promueven su archivo y advierten con demandas de inconstitucionalidad, es su variopinto y extenso contenido. Está compuesto por 190 páginas, con 404 artículos y 38 disposiciones (generales, transitorias, derogatorias y una final), en los cuales se reforma a 22 cuerpos legales. Todo ello para ser analizado en 30 días por la Asamblea. Fuera de las normas relativas a impuestos, inversión, comercio, y finanzas públicas, se plantean cambios en la Ley del Adulto Mayor, Ley de Aviación Civil, Ley de Armas, Ley del Régimen Especial de Galápagos y Ley de Educación Superior, por mencionar algunas normas. Según Esteban Melo, legislador de la Revolución Ciudadana, esta razón es suficiente para demandar su inconstitucionalidad, ya que no guarda armonía y va en contra del artículo 136 de la Carta Magna. Dicho articulado señala que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará. El constitucionalista David Ochoa explica que no hay inconvenientes por la extensión ni el número o tipo de leyes reformadas, siempre que esas modificaciones estén apegadas a los propósitos y enunciado del proyecto. En la Asamblea se ha cuestionado que, por ejemplo, la iniciativa incluya un control posterior de los programas de educación superior en modalidad virtual o en línea, para pregrado y maestrías. Otra propuesta que recibió críticas fue la inclusión de una reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que propone considerar a las entidades de la seguridad social, entre ellas el IESS, como instituciones gubernamentales. Según la analista Patricia Borja, el cambio atenta a la autonomía del seguro social. Ayer en la ceremonia de posesión de los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas y del Ejército, el presidente Lenín Moreno dijo que “hubo un error de redacción y de concepción constitucional� en el proyecto de ley que atañen al IESS, Issfa e Isspol. Esas instituciones “por mandato constitucional y legal son entidades públicas, pero con autonomía administrativa y financiera. Mil disculpas por el malentendido�, manifestó. La reforma también ajusta la Ley de Transparencia a la Información Pública para señalar que la información tributaria pasa a ser reservada, salvo excepciones, lo cual ha generado preocupación sobre una eventual opacidad para el trabajo de control de diversos organismos. El SRI dijo que esto no impedirá conocer las deudas tributarias de los contribuyentes. Los reparos dividen las posiciones en el Legislativo, a puertas de la última discusión en el Pleno. Hasta las 18:00 de ayer 12 de noviembre del 2019 la Comisión de Régimen Económico no se reinstalaba para terminar el informe para el segundo debate.

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