Entre Quito y Gualaquiza, una población de Morona Santiago, hay 580 kilómetros de distancia. Para llegar a la casa de Yankuam, de 22 años, hay que recorrer otras tres horas. Solo así se ingresa a Chumpias, una comunidad shuar de la parroquia Bomboiza. Quienes conocen al joven dicen que él cubrió este recorrido para llegar a Quito el pasado 10 de octubre y sumarse a las protestas que se desarrollaban en la capital. Hoy 13 de noviembre del 2019, un mes después, Yankuames uno de los 27 adultos procesados por el ataque al edificio de la Contraloría. 14 de ellos se identificaron como indígenas, según consta en una ficha policial que fue llenada tras preguntarles a qué etnia pertenecían. El joven shuar fue detenido el 12 de octubre en la terraza del edificio de la Contraloría, junto con otros jóvenes indígenas y mestizos. El parte policial indica que ellos “tenían actitudes agresivas “hacia la Policía y que desde esa terraza lanzaban bombas molotov, palos, piedras y material explosivo (objetos pirotécnicos). El documento policial también señala que los aprehendidos tenían prendas impregnadas con olor a gasolina y que habían roto puertas, vidrios, esparcido documentos por el suelo y roto las computadoras. En el momento de su aprehensión, los policías encontraron en esa terraza, por ejemplo, 45 voladores y 10 tronadores, 18 botellas de gasolina, bombas molotov, palos y piedras dentro de sus mochilas. La lanza de Yankuam también fue incautada como evidencia. En redes sociales, la Juventud Cofeniae (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) pidió su liberación, pues asegura que se trata de “criminalización de la protesta socialâ€�. Hasta el momento, la Fiscalía ha manejado el ataque a la entidad como un caso de terrorismo, cuyas penas en el Código Penal son de 10 a 13 años de cárcel. Sin embargo, hoy, desde las 11:30, está previsto que se realice una audiencia de reformulación de cargos. En esta diligencia, la Fiscalía pedirá que se cambie el delito. Las razones de esta nueva imputación se conocerán después de la cita judicial, que se realizará de forma reservada, pues se trata de un delito contra la seguridad interna del Estado. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha asegurado que los indígenas no fueron parte de la violencia, vandalismo y agresiones que se vieron en el paro. Pero sus abogados piden la liberación de 16 detenidos (entre mestizos e indígenas). Según los documentos judiciales, de los 27 procesados, 14 son indígenas, 12, mestizos y uno se identificó como afroecuatoriano. Quienes dijeron ser indígenas aseguraron a la Policía que llegaron a Quito desde Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Morona Santiago, Bolívar y Pastaza. Entre ellos está preso Franklin, un estudiante de 22 años, de la Universidad Nacional de Chimborazo. Él indicó ser del pueblo Puruhá. Sus amigos aseguran que es víctima de una persecución. “Él solo sueña con un país mejor e, inconforme con las últimas medidas económicas, fue detenido en las últimas movilizaciones… exigimos su pronta libertadâ€�, difundieron sus conocidos en las redes sociales. Nelson, de 25 años, es otro indígena detenido. Él pertenece a la comunidad Salamalag Chico, en el cantón Pujilí en Cotopaxi. Su familia también dijo que su arresto fue injusto. El parte policial indica que él fue aprehendido en el interior de la Contraloría. “Que se haga justicia para Nelson, que fue detenido injustamente. Seguiremos luchando, nunca nos rendiremos. Queremos su libertadâ€�, dijeron sus allegados. Para los indígenas, este sábado 16 de noviembre es un día crucial, pues ese día los abogados solicitarán la liberación de las 14 personas que están arrestadas por este caso. La audiencia de revisión de medidas cautelares está planificada que se inicie a las 09:00, en la Corte Provincial de Pichincha. A esta cita asistirán los dirigentes indígenas de Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. Entre tanto, el caso de los seis menores de edad, procesados por terrorismo, es tratado en un expediente diferente. Ellos están libres desde el 31 de octubre.

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