Los efectos que dejó el paro nacional de 11 días aún están latentes. Para documentar esos hechos arribó al país una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La delegación está encabezada por Esmeralda Arosemena, relatora para Ecuador de la organización. También la integran los comisionados Soledad García, María Pulido, Paulo Abrao, Édison Lanza, entre otros funcionarios. La misión internacional inició su tarea en dos frentes. Primero, acudió a la sede de la Cancillería, entidad que extendió la invitación para que la CIDH constate los hechos derivados de las protestas. Casi al mismo tiempo, un equipo técnico instalado en el Swissotel convocó a ciudadanos y a representantes de organizaciones sociales para que den sus testimonios sobre vulneración de derechos durante las manifestaciones. El Palacio de Najas, sede de la Cancillería, se convirtió en una suerte de sala de comparecencias para los relatores de la CIDH. Allí intervino la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien dio un resumen del accionar de la Policía para contener las protestas. Tal como lo hizo en la Asamblea Nacional, la Ministra dijo que ninguna persona perdió la vida a causa de la acción directa de la fuerza pública, sino que se produjeron fallecimientos en “el contexto de las manifestaciones�. También expuso que el paro dejó 435 gendarmes heridos. Después, los relatores recibieron al contralor Pablo Celi, quien se refirió al atentado perpetrado contra el edificio principal de esa entidad. La misión también escuchó a Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa. Habló del rol de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción. Mientras eso ocurría, en el Swissotel, norte de Quito, el equipo técnico de la CIDH organizó a los ciudadanos que querían dar sus testimonios. Uno de los primeros en llegar fue Rodrigo Gómez de la Torre, representante de la Cámara de Agricultura. Dijo que el bloqueo de vías y el cierre forzado de empresas afectó al comercio. También expuso una vulneración del derecho al trabajo y a la libre movilidad. Después arribó Julio César Toroche, exintegrante de los brigadistas de paz, quien el 11 de octubre perdió su ojo izquierdo tras ser impactado por una bomba lacrimógena, a la altura del parque El Arbolito. Acompañada por dos miembros de la guardia indígena llegó Nayra Chalán, vicepresidenta de la Ecuarunari, una de las tres filiales de la Conaie. Señaló que los relatores de la CIDH tendrán hoy una audiencia con los dirigentes indígenas. Piden que el Estado “reconozca que hubo represión y violación de derechos�. Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), también acudió a la CIDH. El empresario apuntó que hubo vulneraciones a los derechos de los trabajadores del área productiva. Habló de amenazas, robos, daños a propiedad privada y una afectación al sector exportador que bordea los USD 300 millones. Alexandra Morales, vicepresidenta de la Feine, cuestionó las investigaciones que se iniciaron contra 15 miembros de esa organización. Para la tarde fue convocado Freddy Carrión, defensor del Pueblo. El funcionario se reunió con los relatores y confirmó que la misión de la CIDH ya contaba con el reporte levantado por esa entidad, que da cuenta de 1 192 aprehensiones, 1340 personas heridas y 10 fallecidos durante el paro. Luego, arribaron policías que fueron secuestrados o que resultaron heridos. Parlamento de los pueblos Paralelamente, el llamado Parlamento de Pueblos, articulado por la Conaie, seguía delineando su propuesta de modelo económico, la que incluirá su postura respecto a la política de subsidios. Esta instancia conformó mesas de política económica, agraria-productiva, de derechos sociales y ambiental, extractivismo y territorio, para armar una propuesta que sería remitida hasta este jueves 31 de octubre de 2019 . Se recogerán aportes de unos 500 participantes, entre académicos, sindicalistas y organizaciones sociales. En la elaboración del texto aportan actores como Pablo Dávalos, Alberto Acosta, José Villavicencio, entre otros. La dirigencia de la Conaie insiste en que la investigación contra siete de sus miembros por el delito de secuestro da cuenta de una “persecución�. La propuesta del Parlamento será enviada a la ONU. La Feine no participa en ese espacio, pero también remitirá en estos días su postura. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, señaló ayer que el Gobierno tiene voluntad y “dialogará con quienes quieran dialogar�. El Ejecutivo ha efectuado más de 60 acercamientos con organizaciones. Adelantó que existirá total apertura para la CIDH, ya que el Gobierno “no tiene nada que ocultar�.

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