La propuesta de enmienda constitucional que impulsa la Asamblea Nacional puede ser el camino más rápido para modificar las atribuciones de uno de los componentes del denominado Quinto Poder del Estado. “El objetivo macro del proyecto de enmienda es que el Consejo de Participación Ciudadana no elija a las autoridades de control y justicia�, indicó ayer el presidente del Parlamento, César Litardo (AP). El proyecto cuenta con el respaldo de la coalición legislativa compuesta por Alianza País (AP), Creo y los Bloques de Integración Nacional (BIN) y Acción Democrática (BADI), que agrupan a 78 de los 137 asambleístas. Litardo fue uno de los primeros en firmar el documento y anunció que hoy será remitido a la Corte Constitucional (CC), para un dictamen. El artículo 441 de la Carta Magna precisa que la iniciativa debe contar con el respaldo de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea, es decir, 46 legisladores. Si el dictamen es favorable, la Asamblea deberá someter este proyecto a dos debates; el último se dará “de modo impostergable, en los treinta días siguientes al año de realizado el primero�, indica la Constitución. Solo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes del Pleno (91 votos). Luis Pachala, coordinador del bloque de Creo, y Fernando Burbano, del BADI, insistieron ayer en que esta es la ruta “más eficiente� en términos de la institucionalidad del país. El constitucionalista Jorge Benavides consideró que la Corte no se demorará más de 20 días en emitir su dictamen, a partir de que la propuesta sea admitida a trámite. Para ello, se basa en el precedente que generó este máximo tribunal, cuando el 22 de agosto pasado dio luz verde a la iniciativa que fue presentada por el Comité para la Institucionalización Democrática, el 10 de julio, para eliminar al Cpccs a través de una reforma parcial a la Constitución. A diferencia de la enmienda que impulsa la Asamblea, el trámite que debe seguir la iniciativa del Comité requiere del respaldo del 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, de unos 132 620 votantes, según el artículo 442 de la Constitución. Pablo Dávila, exintegrante del Consejo de Participación transitorio y coordinador del Comité, cree que las rúbricas las tendrán listas hasta enero próximo, dos meses antes de que caduquen los formularios que les fueron entregados, el 2 de septiembre, por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero esa es solo una parte de la tarea, pues también se requiere que la iniciativa ciudadana sea aprobada por la Asamblea, después de dos debates (con al menos 90 días de diferencia entre ambos) y que, posteriormente, el texto sea sometido a un referéndum. La expresidenta Rosalía Arteaga, quien también forma parte del Comité, ratificó ayer que continuarán adelante con su proyecto, pues argumentó que responde a un pedido ciudadano y que no se contrapone al plan de la Asamblea. De hecho, Arteaga recordó que también apuntan a transformar en bicameral a la Función Legislativa, un tema con el que Litardo no está de acuerdo ni los coordinadores de sus bancadas aliadas. En la propuesta que impulsa la mayoría parlamentaria se elimina el concurso de méritos y oposición que realiza el Cpccs para designar autoridades. En su lugar, se proponen tres mecanismos. La idea, según el proyecto, es que la selección de los integrantes del Consejo de la Judicatura, el Procurador General del Estado y los superintendentes se haga por ternas. Mientras que las autoridades de la Fiscalía, la Contraloría, el Defensor Público, el Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), se realice por postulación ciudadana. Para estos procesos se propone incorporar una comisión técnica que elaborará un informe no vinculante. En cambio, la integración de la Corte Constitucional se daría mediante una comisión calificadora de nueve personas: dos por la Función Ejecutiva, dos por la Función de Transparencia, dos por la Asamblea y tres por la Academia, explicó el asambleísta Pachala. Sin embargo, la mayoría de los procesos llegará al Pleno y se seleccionará a las autoridades con mayoría absoluta (70 votos). “Al Consejo le quedarán claramente sus competencias, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y también el fomento de la participación ciudadana�, puntualizó Eddy Peñafiel, coordinador del BIN. El movimiento Ahora, que también busca la eliminación del Cpccs, todavía no recibe los formularios para empezar la recolección de las firmas. En contexto El Comité por la Institucionalización Democrática empezará hoy la recolección de firmas para eliminar al Cpccs. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional presentará una enmienda constitucional para limitar las funciones de este organismo.

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