El trámite del juicio político en contra de la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) entra en su fase final en la Asamblea Nacional. Entre miércoles o jueves de esta semana (7-8 de agosto del 2019), la Comisión legislativa de Fiscalización se reunirá para aprobar el primer informe para su discusión en el Pleno. Aunque el documento no tendrá el carácter de vinculante, para los consejeros José Tuárez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez está en juego la continuidad en sus puestos. El legislador independiente Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión, sostiene que uno de los principales elementos para este proceso se relaciona con un posible desacato al dictamen de la Corte Constitucional (CC) que blinda las resoluciones del Consejo transitorio. “De acuerdo con la normativa, el hecho se produjo y no ha sido desmontadoâ€�, dice Azuero. Eso, en referencia a que el 10 de julio pasado los cuatro consejeros del Cpccs decidieron conformar una comisión para revisar la integración de la Corte, lo que fue frenado por dos jueces en la justicia ordinaria. El lunes pasado, los interpelados acudieron a esta mesa parlamentaria a presentar sus descargos y pidieron que el proceso se archivara, pues argumentaron que carece de fundamentos. Pero Luis Pachala, asambleísta de Creo y otro de los integrantes de Fiscalización, manifestó que la propia Desintonio, “reconoció claramente que había la intencionalidad de revisar administrativamente todo el proceso del nombramiento de la Corte Constitucionalâ€�. A su vez, la Secretaría General de la CC aclaró que este tribunal no ha emitido ningún criterio sobre si los cuatro consejeros incurrieron o no en desacato, un tema que también está bajo investigación de la Fiscalía. Otra de las causales claves en este proceso alude al hecho de que Tuárez se negó a entregar información a la Comisión legislativa de Participación Ciudadana, que preside Raúl Tello, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI). El expediente, en este último caso, se tramita por separado y estará listo entre el 11 y el 15 de este mes. Tello consideró que Tuárez y Gómez también deben ser censurados por supuesto proselitismo político. En relación con las denuncias de supuestas irregularidades en la inscripción de la candidatura de Tuárez para la pasada contienda electoral, María Paz Jervis, decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad SEK, cree que no se configura en otra causal para este proceso. Sin embargo, Johana Cedeño (AP), presidenta de la mesa de Fiscalización, informó que esta semana llamará a comparecer a los responsables de la comisión que se encargó de verificar los requisitos de los candidatos al Consejo de Participación. Tanto Tello como Fabricio Villamar, asambleísta del movimiento Ahora, insisten en que el Presidente del Cpccs ha infringido el principio de ética laica, pues se presentó como postulante y candidato siendo parte de una orden religiosa de la Iglesia Católica. ​ El procesamiento de este juicio político ameritó a que el jueves pasado el Consejo de la Administración de la Legislatura (CAL) decidiera aplazar el segundo receso parlamentario para el 19 al 30 de agosto. Según Ana Belén Marín, integrante del CAL, la idea es que el Pleno tome una resolución sobre esta causa antes de la vacancia. De acuerdo con los parlamentarios, una eventual censura o destitución de integrantes del Cpccs dependerá de 70 votos. Solo los asambleístas del correísmo no ven causales para que la mayoría del Cpccs sea censurada. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa precisan que solo para el caso de la interpelación de ministros de Estado o el Primer Mandatario se requiere de la voluntad de las dos terceras partes del Pleno. Este es el tercer juicio político en ser tramitado por la Asamblea desde que Litardo asumió la Presidencia, a mediados de mayo, con el apoyo de AP, Creo, BIN y BADI. 

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