Un informe técnico sería el único mecanismo que avale que estudios no sirven, dice exfuncionario de Humberto Guillem.

El municipio debió analizar, desde el punto de vista técnico, si lo que dejó la administración del exalcalde Humberto Guillem debía ser “usado, profundizado, postergado o abandonado�. Así lo sostiene Jorge Luis Pérez, exdirector de Obras Públicas en esa administración. Pérez sustenta su comentario citando “el numeral 408-03, Diagnóstico e idea de un proyecto, que reposa en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado�.Aunque el cuerpo legal no dice textualmente que el municipio deba presentar un informe técnico que explique el motivo por el cual no se usaron los estudios, Pérez está convencido de que la administración de Agustín Casanova tenía que hacerlo.“Si la consultoría no sirvió para cristalizar el proyecto, eso quiere decir que se invirtieron inútilmente 124 mil dólares que bien hubieran servido para cubrir otras necesidades del cantón�, indica el exfuncionario.Pérez asevera que ninguna ley estipula que un alcalde puede rechazar un estudio porque le parezca que esté mal hecho, por lo que cree que se debió dejar un sustento que avale la no utilización.En entrevistas pasadas el vicealcalde de Portoviejo, Erwin Valdiviezo, dijo que los estudios de la administración de Guillem no explicaban o justificaban el motivo para que la terminal se ubique en la vía a Manta.  responsable.  Jorge Luis Pérez también cita el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice que  “los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración.  Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios�. Pérez dice que si el municipio no quería los estudios debió notificar al contratista para que le hiciera mejoras, sin embargo eso no ocurrió.Semanas atrás el contratista de los estudios, Juan Ribas, indicó que después de entregar el proyecto no fue notificado por el cabildo sobre ningún aspecto. Pérez menciona que la Contraloría General del Estado debe investigar el caso porque, según él, Agustín Casanova está tirando a la basura $ 124 mil sin sustento.Jhonny Mendoza, presidente del Colegio de Abogados de Manabí, señala que en caso de que un funcionario haya causado daños económicos al cantón con su decisión, el municipio puede iniciar un proceso legal en su contra. De acuerdo al numeral 9 del artículo 11 de la Constitución del Ecuador, “toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estará obligada a reparar las violaciones a los derechos de los particulares, por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios�. Una acción de repetición podría ejecutarse contra un alcalde en funciones y un exalcalde, reconocen las fuentes.En su defensa Humberto Guillem dice que los estudios fueron bien hechos.Erwin Valdiviezo reconoce que como municipio no presentaron ningún informe en el que se detallaran las deficiencias del estudio. Indica que los documentos entregados por Guillem son un “copia y pega� de los estudios de otra terminal terrestre.

EL DIARIO