La definición de una nueva agenda parlamentaria quedó relegada con la controversia que envuelve al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Para la nueva mayoría -compuesta hace dos meses por los bloques de Alianza País (AP), Creo, Integración Nacional (BIN) y Acción Democrática (BADI)- la institucionalidad del país está en riesgo. Mañana, 16 de julio, la coalición planea presentar un pedido para llevar a juicio político a José Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria Desintonio, cuatro de los siete integrantes del Cpccs, por supuesto incumplimiento de funciones. “Desde la Asamblea se debe garantizar que se cumpla el Estado de derecho�, manifestó César Litardo (AP), quien asumió la Presidencia del Parlamento con el respaldo de 78 votos de estas fuerzas políticas, el pasado 14 de mayo. El pedido es impulsado por los asambleístas Raúl Tello (BADI) y Jeannine Cruz (Creo), luego de que los cuatro integrantes del Cpccs decidieran conformar una comisión para revisar la integración de la Corte Constitucional, hecha por el Consejo transitorio. Además, tanto Cruz como Tello, presidente de la Comisión legislativa de Participación Ciudadana, acudirán mañana a la Fiscalía para reconocer su firma en un proceso penal que impulsan contra los cuatro consejeros. La demanda la presentaron el jueves 11 de julio, mientras en el Pleno se suspendía el debate del proyecto de reforma a la Ley de Compañías, debido a que la ponente no se encontraba en el hemiciclo y la sala empezaba a quedar vacía, antes del mediodía. Tres días antes, los coordinadores de las bancadas habían acordado elevar una consulta a la Corte Constitucional (CC), sobre el procedimiento para limitar las funciones del Cpccs. Aunque el debate del futuro del Cpccs solo es el primer punto del acuerdo que se gestó hace dos meses entre estas bancadas, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), dice que el saldo es positivo. Donoso identifica como un hito la derogatoria del Impuesto Verde, que fue aprobada por el Pleno el martes pasado, incluso con el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC) y de SUMA, que no forman parte del acuerdo. La norma establece la prescripción de deudas impagas desde el 2012 hasta el 2014, y un proceso de remisión del 100% de intereses, multas y recargos para los contribuyentes que arrastran haberes por no haber cancelado el tributo. Las otras dos leyes aprobadas en los últimos 60 días son las de Aviación Civil y Energía Eléctrica. “Se nota que las cosas están fluyendo�, apunta Lenín Plaza, uno de los coordinadores de Alianza País (AP). No obstante, entre los temas pendientes también están las reformas a la Ley de Seguridad Social y un nuevo Código de Trabajo, cuyo trámite está detenido. Desde hace dos meses la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no sesiona. El miércoles pasado, seis de sus 12 integrantes solo acudieron para pedir que María José Carrión (AP) renunciara a la presidencia y diera paso a la elección de una nueva directiva. Tampoco sesiona la Comisión de los Gobiernos Autónomos, pues los asambleístas, en su mayoría del PSC y del correísmo, rechazan que sea presidida por Héctor Yépez (Creo), como fue la voluntad de la alianza en el Pleno. El presidente del Parlamento se comprometió a priorizar la aprobación del Código de la Salud, antes de que comience la vacancia, prevista entre el 12 y 23 de agosto. También se tratarán las reformas al Código Integral Penal. Ambos temas suponen una “prueba de fuego� para la coalición, reconoce Plaza, quien no está dispuesto a dar su voto para que se permita el aborto. Las bancadas no han vuelto a juntarse para discutir una nueva agenda parlamentaria desde el 26 de junio pasado, cuando los presidentes de las comisiones presentaron un informe sobre los 180 proyectos de ley que están en trámite. Litardo sostuvo que durante su gestión será más importante la calidad antes que la cantidad de las leyes, y que uno de sus ejes será la fiscalización. La comisión especializada tendrá listo el informe este miércoles sobre el pedido de juicio político a la exministra Verónica Espinosa. Allí también se investiga el caso Arroz Verde. Mauricio Proaño, coordinador del grupo de la Revolución Ciudadana (RC), uno de los más críticos, dice que todavía “no hay una organización muy clara sobre los temas a tratar� en el Parlamento. Proaño vaticina que el acuerdo entre los bloques AP, Creo y las dos facciones de asambleístas independientes durará hasta que, antes del nuevo año, comiencen los prepa­rativos de la campaña para los comicios generales del 2021. Hasta ahora, la alianza se mantiene sólida, aunque el martes pasado Creo se redujo a 19 asambleístas con la salida de Fabricio Villamar. Su coideario Roberto Gómez también marcó distancias. Los analistas Napoleón Saltos y José Luis Fuentes concuerdan en que la mayoría parlamentaria ha venido operando en función de temas y de los intereses coyunturales que tiene cada grupo. Sostienen que en la integración de las comisiones primó un “reparto de puestos� entre estos bloques. “Es una alianza temporal, seguramente al entrar en una nueva coyuntura electoral habrá un realineamiento de posiciones�, concluyó Saltos. Lenín Plaza y la también oficialista Ximena Peña niegan que el acuerdo se hiciera en función de la próxima coyuntura electoral.

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