El estado de excepción decretado por el Ejecutivo motivó un operativo sorpresa en la zona de Buenos Aires de la parroquia La Merced del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, donde se asentaron bandas criminales. Alrededor de 1.200 militares y 1.200 policías, acompañados de 40 fiscales, intervinieron en el sitio donde se levantaron campamentos mineros algunos de ellos de manera precaria e irregular. Según la información oficial, desde finales de 2017 se han detectado extracciones ilegales de material minero, específicamente, en el sector El Lomón de la comunidad El Triunfo, en la parroquia Buenos Aires. El operativo inició a las 04:30 de este martes 2 de julio y continuará por 60 días. En rueda de prensa, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que la parroquia La Merced tiene 1.800 habitantes, sin embargo hasta la zona han llegado personas que se dedican a la minería ilegal en las áreas de montaña que no está dentro de la parroquia sino a horas de distancia. La funcionaria indicó que todavía no han determinado la cantidad de ciudadanos dedicados a esta actividad ilegal. “En esa zona podrían existir miles de personas asentadas dedicadas a actividades ilegales, no solamente a la minería ilegal, sino también a otro tipo de ilícitos que se vinculan con este negocio”. Romo manifestó que la amenaza de la minería ilegal es multidimensional, “en este momento hay distintos puntos de conflictividad que se conocen como la ‘ciudad de plástico’, la mina vieja y la mina nueva, además hay un nuevo lugar en donde se ha abierto otra boca de explotación de minera y que empieza a convocar nuevos asentamientos”. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, indicó que las Fuerzas Armadas están apoyando el operativo y que todavía no hay reportes de cuantos detenidos. Puntualizó que existe en el sitio delincuencia organizada y probablemente haya exmiembros de la guerrilla de Colombia, “pero aquí no hay ni guerrilla ni grupos armados organizados, pero se han identificado personas con armas de grueso calibre”. Las autoridades indicaron que desde el 2018 y lo que va del 2019 se han desarticulado 92 grupos delictivos y detenidas 859 personas dedicados esos actividades ilícitas. Además, la Policía ha decomisado 3.474 toneladas de material minero y 350 vehículos en 325 operaciones realizadas. “Es muy importante recalcar que en ningún momento la zona ha estado abandonada”, aseguró Romo. De acuerdo a un boletín oficial, las labores de inteligencia de la Policía Nacional han permitido determinar al menos 11 delitos paralelos a la minería ilegal: homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos, y tráfico de combustible. (I)

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