El sistema carcelario, un rehén de fallas
Las autoridades reconocen deficiencias. Miembros de bandas enemigas conviven en un mismo centro. Falta tecnología e insumos.
Todo lo que se sabe no es nuevo. Y lo que debería ser nuevo, nadie lo sabe. El incidente del pasado martes en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, que derivó en el asesinato de alias ‘El Cubano’ y la retención temporal de 13 policías por parte de los internos, es solo un hecho más que evidencia las múltiples deficiencias en el sistema penitenciario. Es público y notorio. Lo que nadie dice, incluidas las autoridades del Gobierno, es cuál es la solución definitiva a esta ola de hechos violentos en las diferentes cárceles del país.
Lo único que tienen claro en el Gobierno es que el problema carcelario tiene un origen múltiple, no es nuevo y que se habría agravado a raíz de la decisión de las autoridades de recuperar el control de los centros de privación de libertad.
El consejero presidencial, Santiago Cuesta, dijo ayer que en el pasado las principales bandas criminales del país se repartían en las prisiones. “Hubo libertinaje durante el Gobierno pasado y en muchos otros gobiernos en los que los presos dominaban las cárceles, hemos tomado la decisión de retomar el control y eso tiene un costo: ¿cuál es? Se matan entre ellos”, señaló el funcionario.
Criterio que no lo comparte el exsubsecretario de Rehabilitación Social del actual régimen, Ricardo Camacho, que atribuye los últimos hechos a la serie de “incongruencias” que se habrían cometido en este tema. La última: “crear una máxima seguridad especial para los presos más peligrosos sin el criterio de un comité técnico, sino únicamente el de los policías”, señaló.
Esto fue refutado por el director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo. “La máxima seguridad especial no existe… Hemos creado una unidad de tratamiento para las personas privadas de la libertad que se encuentran no adaptadas al sistema y que nos ocasionan este tipo de hechos. En ese lugar se encontraba la persona que falleció”, precisó.
Máxima seguridad especial o unidad de tratamiento, como se le quiera llamar, lo cierto es que el reo asesinado estaba en un sitio particular por su peligrosidad y de ahí fue sacado a la fuerza para matarlo. Ninguna de las autoridades ha logrado explicar cómo pasó y por qué pasó.
Otra de las dudas que salta es por qué alias ‘El Cubano’ estaba recluido con personas de bandas contrarias y si esto lo sabían o no las autoridades del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. El director del SNAI fue cuestionado sobre este detalle a lo que respondió: “considero que dentro de la investigación que está haciendo la Fiscalía se puede corroborar esto (que ‘El Cubano’ fue asesinado por miembros de la banda de ‘Los Choneros’). No quisiera adelantar ningún tipo de criterio. Lo que le puedo decir es que las personas identificadas y que participaron tenían condenas por asesinatos”.
El exsubsecretario de Rehabilitación Social señaló que los delincuentes más peligrosos, cabecillas de cuatro bandas que pugnan por hacerse del poder, están alejados unos de otros, pero eso no sirve de nada porque tienen acceso a telefonía celular e internet, para comunicarse con pequeñas bandas instaladas en los centros de rehabilitación y que siguen sus órdenes.
Para Luis Vera Fernández, ex director de la Regional 8, el tema pasa por la mala ubicación interna administrativa de los presos. “No pueden mantener juntos, en un mismo recinto carcelario y menos en un pabellón a integrantes o cabecillas de diferentes bandas, porque van a generar incidentes de esta naturaleza”.
Según el funcionario, durante su administración alias ‘El Cubano’ fue trasladado a otra cárcel por temas de seguridad, “pero retorna y lo recluyen con los 18recapturados que fugaron de la antigua Roca, en un pabellón donde la mayoría es chonera y esto genera el incidente, prácticamente se lo entregaron”.
Vera, quien estuvo en la Regional entre 2014 y 2017, recuerda que en su gestión trabajaron con Criminalística y agentes de la Policía Judicial, quienes, con personal del Registro Civil, identificaban técnicamente a los líderes de bandas. Esto, por cuanto hay presos que son utilizados para llegar a un objetivo: eliminar a contrincantes, y cambian de identidad varias veces.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señala que lo ocurrido el martes, es una evidencia alarmante de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad a la vida e integridad de la población carcelaria que está bajo su custodia. “Lo que uno puede interpretar a partir del estado de emergencia es que ese instrumento excepcional tampoco le ha servido al Estado para retomar el control de la cárcel, y lo que hay de por medio es el control, literal, de los centros carcelarios; particularmente de los de Guayaquil, al mando de organizaciones criminales”.
Lo que Moncayo sí reconoció es que existen deficiencias en el sistema carcelario y no solo eso: “este sistema penitenciario no existe”. Lo atribuyó a la falta de infraestructura de vigilancia, de tecnología y de procedimientos adecuados, además del hacinamiento. “Tenemos que darles una respuesta a ustedes y a la ciudadanía de que hemos podido lograr la pacificación de los centros… respuestas a muchos de los privados de la libertad que no están participando en este tipo de actos, pero que quieren rehabilitarse”. Respuestas que todavía no llegan.
En un intento de encontrar algo de certeza, el director del SNAI anunció que están realizando un análisis del sistema carcelario y que tienen un plan con plazos cortos, medianos y largos. “Estamos contemplando la adquisición de armas no letales y elementos que nos permitan ser más eficientes en nuestro trabajo”. Este análisis incluye al mando policial para evaluar el hecho del pasado martes y los otros en los diferentes centros de rehabilitación del país para que el procedimiento policial también entre en un proceso de mejora.
En medio de tantas dudas y preguntas sin respuestas, Camacho considera que el mensaje más claro es el que el hecho del martes pasado envía a las autoridades estatales y las bandas delincuenciales. “‘El Chonero’ deja con esto un mensaje clarísimo: uno, soy capaz de matar a ‘El Cubano’ dentro de la cárcel. Dos, me doy el lujo de retener a miembros del Grupo de Intervención y Rescate, es decir al grupo élite de la Policía Nacional. Después de eso se podría decir que es invencible”.
Reacción ante los incidentes, pero falta de una política de Estado en rehabilitación social
Se sabe
-Son siete los identificados como los presuntos autores de los hechos violentos del pasado lunes en la cárcel de Guayaquil que derivaron en el asesinato de alias ‘El Cubano’. La Fiscalía tiene conocimiento de sus nombres e inició la investigación con el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos. Los siete están recluidos por asesinato.
-La Policía Nacional realizó una requisa dentro del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil luego de los hechos del pasado martes, en que decomisaron tres armas de fuego, una pistola de energía eléctrica, 40 celulares, un modem, 9 baterías de celulares, tres navajas multiuso, cuatro armas blancas, 9 perfumes y un generador de electricidad.
-Se conoce que la mayoría de hechos violentos son por enfrentamiento entre bandas delincuenciales. También que existen cuatro bandas grandes, entre ellas la que era liderada por ‘El Cubano’ y la de Los Choneros. Además de pequeños grupos delincuenciales que son aliados de una u otra banda grande.
-Las deficiencias en el sistema carcelario reconocidas por la autoridad están enfocadas en la falta de infraestructura de vigilancia y de tecnología, además de un mejoramiento del protocolo de reacción frente a estos hechos. Mayor apoyo tecnológico para el control en los diferentes filtros de seguridad, es parte de la solución propuesta.
-El actual Gobierno heredó un sistema carcelario con deficiencias, empezando con el hacinamiento de privados de la libertad. También la infraestructura poco funcional que no cuenta ni con comedores para los internos y con un sistema sin verdaderos proyectos para la rehabilitación social de los detenidos.
-El director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, Edmundo Moncayo, no descartó solicitar al Ejecutivo la extensión del estado de excepción decretado a mediados de mayo pasado. Es una posibilidad que, según dijo, están estudiando para entregarla al presidente Lenín Moreno.
No se sabe
-La Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad desconocen si el objetivo principal del incidente del pasado martes en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil era el asesinato de alias ‘El Cubano’. Prefirieron que sea la Fiscalía, en su investigación, la que determine eso.
-Ninguna autoridad determinó cómo ingresaron las armas y otros insumos que fueron requisados ayer en un operativo en la cárcel de Guayaquil y que pudieron ser utilizados para el asesinato de alias ‘El Cubano’. Tampoco se refirieron a si la Fiscalía iniciará una investigación también sobre el ingreso de ese armamento.
-¿Por qué existen miembros de diferentes bandas enemigas conviviendo dentro de una misma cárcel? Una duda que no ha sido esclarecida. Polibio Vinueza, jefe de Contingencia Penitenciaria de la Zona 8, dio a entender que algunos miembros no son identificados por las bandas a las que pertenecen antes de ser detenidos.
-¿Cómo es posible que miembros de la Policía fueran retenidos por reos dentro de la cárcel? Fueron 13 los agentes policiales quienes fueron detenidos por internos del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, lugar que cuenta con 410 policías de la Unidad de Contingencia Penitenciaria y 30 más del GIR, GOE y la Unidad de Mantenimiento del Orden Público.
-Once hechos violentos dentro de las cárceles en lo que va del presente año. Todos con muertes de reos. Ninguna autoridad ha esclarecido si es parte de una trama organizada dentro o fuera de las cárceles o reacciones de las bandas delincuenciales que operan dentro de las prisiones a las medidas estatales.
-Queda en duda la efectividad de la figura del estado de excepción sobre el sistema carcelario. Se han suscitado tres hechos violentos luego de la entrada en vigencia del estado de excepción, y los tres fueron en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil con un saldo de nueve internos muertos en estos tres eventos.
La crisis de las cárceles queda en segundo plano en la cita por el Acuerdo de Seguridad
El llamado llega cuando la sensación de inseguridad va en aumento. El Gobierno instaló ayer la séptima y última mesa del Acuerdo Nacional que está relacionada con la Seguridad Ciudadana.
El lanzamiento arrancó con una aclaración del vicepresidente Otto Sonnenholzner de que el impulso de la iniciativa que le fue encomendada por el presidente Lenín Moreno no debe convertirse en una suerte de buzón de demandas.
“La convocatoria no es para recibir las listas de pedidos. Estamos seguros que los ecuatorianos sabemos hacer muchas más cosas que solo pedir. Cambiemos la lista de Papá Noel por las propuestas y las ideas”, señaló.
El Acuerdo por la Seguridad Ciudadana busca construir una hoja de ruta para hacer frente a la inseguridad como un tema integral en el que deben participar todas las instancias públicas y privadas.
La ministra del Interior, María Paula Romo, que prefirió no ahondar sobre la crisis carcelaria en este evento, sí informó que los gobiernos locales, especialmente los municipios, jugarán un papel fundamental para sacar adelante el acuerdo.
De hecho, la mañana de ayer los técnicos de esta entidad arrancaron con un proceso de asesoramiento a 36 municipios para la elaboración de sus planes de seguridad.
Ahí, el vicepresidente dijo que el Gobierno central cooperará con los municipios independientemente de la ideología de quién los dirija.
“La ministra ya está en contacto con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Si hay infraestructura de control de seguridad en Guayaquil y nosotros tenemos el sistema del Gobierno nacional, ¿por qué no pueden funcionar juntos? ¿Cuál era la razón? yo si sé cuál era, la riña política”, señaló Sonnenholzner.
Se prevé que los debates que se produzcan en esta mesa puedan derivar en cambios de normas y leyes del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero también de la actitud ciudadana y de las autoridades destinadas a garantizar la seguridad,
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, señaló que el país necesita superar la visión tradicional de seguridad para dar paso a una visión más amplia y multidisciplinaria. Propuso transparentar todas las cifras de inseguridad para contar con una visión más clara de la situación.
El vicepresidente adelantó que el Gobierno no dará un centímetro de ventaja en el combate a la delincuencia. “Eso tiene consecuencias como las que estamos viviendo en los centros penitenciarios”, aseguró el segundo mandatario.
EL EXPRESO