Nuevos compromisos se suman a las necesidades que tendrá el Fisco en el 2020. El Ministerio de Trabajo reformó este martes 4 de junio del 2019 el Acuerdo Ministerial 185 que obstaculizó el pago de incentivos a unos 3 800 servidores que se jubilaron entre el 2017 y 2018. El monto de este beneficio asciende a un valor total de USD 180 millones. Los jubilados recibirán el pago de la compensación a partir del 2020. El rubro es adicional a los USD 350 millones que el Gobierno presupuestó pagar durante este año. Andrés Madero, ministro de Trabajo, explicó que este grupo de exempleados perdió el incentivo a raíz de cambios efectuados en mayo del 2017, con el acuerdo 94, el cual modificó las directrices para la desvinculación de servidores con nombramiento permanente que se acogieron al retiro voluntario. Más tarde, en agosto del 2018, el documento fue derogado por el Acuerdo 185. En este caso lo que correspondía, según la Ley de Servicio Público, era que se acogiesen al retiro por jubilación. Este detalle no estuvo incluido en el Acuerdo 185, cuando se promulgó, por lo que habían perdido el beneficio. Pero ahora se corrigió, explicó Madero. En la parte medular del acuerdo firmado este martes, se dispuso que entidades públicas incluyeran la planificación de pagos a los servidores con nombramiento permanente que cumplan con los requisitos de la Ley de Seguridad Social y que no hayan recibido ningún tipo de compensación económica. Una vez que se haya cumplido con este paso, las instituciones deben reportar los datos de los jubilados al Ministerio de Trabajo en un lapso de 30 días, para su valoración. Los recursos para pagar saldrán de los presupuestos que asigne el Ministerio de Finanzas a las entidades. El evento se realizó en la Asamblea en medio de desa­cuerdos y cruce de palabras entres dos grupos de jubilados. Uno de ellos son los beneficiarios con la reforma reciente, quienes son liderados por Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados. El dirigente promovió la huelga de hambre en días pasados. Durante su intervención en la Asamblea reconoció el avance para pagar los pendientes, pero advirtió que si las promesas no se concretan volverán a las calles. Dijo que 620 maestros fallecieron esperando recibir su dinero. Otro grupo son los dirigidos por Jaime Ruiz, entre los que están jubilados desde el 2010. Ellos, en cambio, aceptaron el cronograma de pagos de USD 98 millones en efectivo, propuesto por el Ministerio de Finanzas y que arrancó el 10 de mayo, según dijo el Ministro de Trabajo. La deuda global con los ex servidores sumaba USD 1 200 millones, de los cuales el Gobierno ha cancelado USD 746 millones a 14 397 jubilados, según datos oficiales con corte a enero del 2019. Wilson Miranda fue docente en Ambato por 40 años, terminó funciones en el 2017, pero no recibió ningún pago porque renunció voluntariamente y eso, según el acuerdo 94, le impedía obtener el incentivo. En la misma situación está su esposa, Gina Caicedo, quien al igual que él fue maestra por varias décadas. Ambos asistieron a una reunión en el Ministerio de Educación, horas antes del encuentro en la Asamblea efectuado este martes. Cuentan que en los últimos dos años han pasado en la incertidumbre y sin respuestas claras. Luis Silva y Gloria Espín, también exmaestros de Tungurahua, esperan que las promesas se cumplan. Hicieron un llamado para que las distintas instituciones públicas capaciten a sus empleados, a fin de que brinden información precisa de los trámites y procedimientos que deben seguir, pues aseguran que en las dependencias distritales no reciben un trato digno. En contexto El Acuerdo 94 se emitió pocos días antes de que finalizara el Gobierno anterior. Eliminó la obligación del Fisco de pagar el incentivo jubilar a funcionarios con nombramiento que renunciaron voluntariamente, sin que su pago se haya planificado.

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