Agentes de Criminalística y la fiscal Ruth Amoroso ingresaron ayer (28 de mayo del 2019) a la Corte Constitucional por la puerta principal. A las 09:40, los esperaba allí un funcionario. Él era el encargado de entregar los equipos electrónicos que la Corte asignó a la exjueza Pamela Martínez y a Laura Terán, una funcionaria con nombramiento. Ahora, el material forma parte de las evidencias en el caso denominado Arroz Verde. ​ Martínez y Terán están detenidas desde el pasado 4 de mayo. La Fiscalía no descarta que ambas hayan usado esos equipos electrónicos para comunicarse y organizar un esquema que supuestamente sirvió para esconder las aportaciones ilegales de contratistas estatales a las campañas de Alianza País, entre el 2013 y el 2014. Ayer, en la diligencia, los agentes se incautaron de dos computadoras de escritorio, dos ‘laptops’, un celular y una tableta. Revisaron también las oficinas de los pisos tres y seis que fueron usadas por las exfuncionarias. Los equipos entraron a una cadena de custodia. Serán analizados por peritos, junto con los aparatos que fueron incautados el lunes 27 de mayo en las oficinas administrativas de la Presidencia de la República. Entre el 2009 y el 2018, Martínez también fue asesora del entonces presidente Rafael Correa. ​ De acuerdo con la orden judicial firmada por la jueza Ximena Rodríguez, en Carondelet se debían incautar ocho teléfonos celulares, cuatro computadores de escritorio, seis portátiles y dos tabletas. Según la publicación del portal Mil Hojas, a través de los correos electrónicos y mensajes de texto entre Martínez, Terán y otras personas, se impartieron directrices para consignar valores en efectivo y por cruce de facturas. Mediante códigos también se señalaba en qué se debía gastar lo recaudado, a qué candidatos se debía apoyar y qué funcionarios eran los encargados de hablar con los contratistas. De esta forma, Alianza País habría recaudado USD 11,6 millones. Por su parte, Martínez y Terán han rechazado estas acusaciones. Aseguran ser inocentes y que son víctimas de persecución política. ​ Uno de los contratistas señalados en la publicación es Pedro Verduga, de la empresa Equitesa. En el reportaje se indica que esta compañía habría aportado USD 1 millón. Él fue llamado para el 28 de junio, para que entregue su versión en la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. En esa diligencia, que será reservada, también podrá entregar información para descartar o no su participación en el caso. El reportaje indica que entre noviembre del 2013 y enero del 2014, Equitesa desembolsó recursos para Alianza País mediante cruce de facturas. Los servicios que habría cancelado la compañía son pagos por vallas publicitarias, afiches, asesoría en comunicación, comida, consumo de combustible y otros rubros. Por ejemplo, el 6 de febrero del 2013, Terán escribe un correo electrónico en el que explica cómo se deben cubrir los abonos para las campañas. Dice que Equitesa cubrirá el pago por alquiler de vehículos y “el tema de las tarimas y sonido para pequeños eventos�. En otro correo de Martínez se organiza una “reunión de trabajo� con Verduga, en un hotel cinco estrellas de Guayaquil. La cita, según la comunicación, tuvo lugar a las 11:00 del 24 de abril del 2011. Con la incautación de los equipos electrónicos, los investigadores esperan que a pesar del tiempo se puedan hallar los correos originales y cotejar la información con los datos publicados. Equitesa construyó la represa que es parte del proyecto Multipropósito Chone, inaugurada por el presidente Rafael Correa en el 2015. Además de Martínez y de Terán, la Fiscalía también investiga a sus familiares, a personas cercanas y a empresas. La Fiscalía ha solicitado datos financieros, societarios y laborales de ocho personas vinculadas a Martínez. Mientras los agentes investigadores recaban más información, la defensa de las dos procesadas busca que recuperen su libertad. Hoy (29 de mayo del 2019), a las 08:30, está previsto que se realice la audiencia de apelación a la prisión preventiva en la Corte de Justicia de Pichincha, en Quito. Los hechos ​ 04/05/2019 Pamela Martínez fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil, cuando intentaba salir del país. Laura Terán fue arrestada en Tanicuchí, en Cotopaxi. 06/05/2019 Las dos exfuncionarias fueron trasladas a la cárcel Regional de Cotopaxi. Se les imputaron cargos por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. 07/05/2019 La fiscal Ruth Amoroso solicitó las versiones de exfuncionarios como Rafael Correa, Jorge Glas, Galo Mora, Viviana Bonilla, Alexis Mera, entre otros. 27/05/2019 Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, entregó su versión en la Fiscalía. Dijo que los asuntos de su esposa los responde ella y que él no participó en nada.

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