El incendio de su casa, la pérdida del bono y el riesgo de que le quiten a sus hijas, de 11 y 6 años, marcan a Roxana Quimís.

Roxana es tan humilde como un raspado de verde y se casó con Kelvin Vega, igual de pobre que ella, cuenta. Él cuida carros en el centro y con lo que recauda mantiene a la familia. Hace años construyeron una casa en zona de riesgo, en la parroquia San Pablo, sector Subidita al Cielo, la cual se quemó en la Navidad del 2017. Entonces el municipio los llevó a una casa y ayudó con el pago del alquiler de 150 dólares mensuales durante medio año,  con la confianza de que en ese lapso el Miduvi les entregara una casa.Sin embargo eso no ha sucedido y el dueño de la vivienda donde alquilaban ya los echó, pues debían 8 meses de arriendo. Entonces pasaron dos días en la calle, bajo una carpa, por lo que nuevamente apareció el municipio, que los llevó hasta el club Unión Progresista, de la ciudadela Cevallos, donde están desde la tarde del sábado. Aquí ya las niñas están más tranquilas, mencionó Roxana, quien contó que hasta hace unos meses ella recibía el bono de desarrollo humano (50 dólares); sin embargo, dijo, una vez la fueron a censar en la casa donde alquilaba y “los técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, no tomaron en cuenta que la vivienda no era propia y nos pusieron un quintil (grado de pobreza) de 36 puntos”, lo cual significa que no está en condición grave, por lo que la base de datos del MIES la eliminó del beneficio. Dijo que ahora que el municipio les gestiona el proceso para que les den vivienda, se encuentran con que el Miduvi le da solo a quien tiene un quintil de menos de 25 puntos, es decir, técnicamente no pueden. Por si eso fuera poco, asegura que agentes de la Dinapen quisieron llevarse a las dos infantes, pues no pueden estar en ese estado de vulnerabilidad, les explicaron a los padres. Aseveró que por el llanto desesperados de las niñas no se las llevaron.Gestión.  Jhonny García, director de Gestión de Riesgos del Municipio, explicó que el compromiso fue pagarles seis meses de arriendo, pero por solidaridad con la familia extendieron tres meses más; aseguró que no pueden hacerlo por más tiempo, pues podrían ser sancionados por la Contraloría. Dijo que ahora hacen gestiones ante el MIES para una nueva inspección y les califiquen con los quintiles reales para que el Miduvi los pueda ayudar con una casa. 

EL DIARIO