Más pruebas contra Espinosa
Nuevas revelaciones en el juicio político que lleva adelante Fiscalización. El proceso de nacionalización de Julian Assange se saltó todos los protocolos.
El poder de convocatoria de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional está en su peor momento. Ayer por la mañana, siete de los diez llamados a rendir testimonio en el juicio político contra la excanciller María Fernanda Espinosa se excusaron de hacerlo. Pero al menos dos de los tres que sí se presentaron aportaron valiosa información para la parte acusadora: un funcionario de Cancillería puso sobre la mesa un dato clave sobre el proceso de nacionalización de Julian Assange; y Ricardo Rivas, hermano de uno de los periodistas del diario El Comercio asesinados por la guerrilla, dio su versión sobre el papel desempeñado por la excanciller durante la crisis de la frontera.
Una revelación contundente fue la que aportó Mauro Silva, director del departamento de Visado y Naturalización de la Cancillería en los tiempos de Espinosa: “El proceso de naturalización de Julian Assange -dijo- no pasó por el órgano regular”. Es decir, no contó con el informe positivo de su despacho, como manda la ley. De hecho, él se enteró por la prensa. Según Silva, un acuerdo ministerial fue promulgado en noviembre de 2017 con el fin de dar sustento legal al procedimiento, pero no se hicieron las reformas legales necesarias para habilitarlo. “El procedimiento que se usó -dijo- no era aplicable en la fecha en que se hizo”.
Hubo rumores de desaprobación en la mesa. “Esto es gravísimo”, dijo Homero Castanier. “A usted no se lo exculpa por su desconocimiento”, terció Byron Suquilanda, uno de los interpelantes. Demasiadas preguntas quedaron en el aire, pero el funcionario que pudo haberlas respondido, el viceministro de Movilidad Humana José Luis Jácome, no asistió al llamado de la Comisión.
Otra novedad (una que vino a desmentir una creencia muy difundida en medios y redes) fue la enunciada por el exdirector del Registro Civil Jorge Troya: Julian Assange jamás fue cedulado. Al hacker australiano se le adjudicó, por disposición escrita del propio viceministro Jácome, un número de identidad, pero en ningún momento se le expidió un documento físico. La tan comentada asignación de la parroquia quiteña de Chaupicruz como lugar de residencia del australiano es falsa. Se trata, simplemente, de la ubicación de la oficina del Registro Civil donde se hizo el trámite. Mal podía cedularse, explicó el funcionario, a una persona que no registró sus huellas. “Las únicas huellas son las del gato”, bromeó Lira Villalba.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl, el asesinado fotógrafo de El Comercio, cerró de forma emotiva las comparecencias matinales. Sus revelaciones fueron demoledoras: que el primer acercamiento de la Cancillería al Comité Internacional de la Cruz Roja se produjo recién el 14 de abril, es decir al menos dos días después del asesinato de los periodistas; que ni la canciller Espinosa ni ningún delegado de su ministerio asistió nunca a una reunión del Comité de Crisis (aquí hasta Silvia Salgado torció la boca en signo de sorpresa); que solamente después del asesinato arrancó un lobby internacional (entregó documentos, fechados entre el 13 y el 16 de abril) para solicitar “apoyo y solidaridad” a varios países en una movida que más parece una estrategia de relaciones públicas que una acción efectiva; que los familiares no recibieron apoyo de la Cancillería ni siquiera para iniciar los trámites judiciales del caso en Colombia; que cuando plantearon en Washington la creación de un comité de observadores de la OEA, María Fernanda Espinosa se opuso y trató de llevársela para la ONU, donde tenía depositados sus intereses; que cuando se reunieron con ella en Lima, no fue capaz de darles la noticia del asesinato, que para entonces ya conocía…
En eso están las cosas. Cada vez más complicadas para la excanciller. Ella, mientras tanto, continúa interponiendo recursos. Acaso para ganar tiempo. Ayer se conoció su último pedido: incluir una larga lista de comparecencias de funcionarios subordinados suyos para que expliquen los casos que ella, que anduvo viajando por el mundo durante la crisis de la frontera norte, quizás ignora.
El detalle
¿Hay tiempo? Hoy continúan las comparecencias. El plazo para enjuiciar a Espinosa vence en junio, pero la Comisión será reestructurada el 14 de mayo.
Ausencias
Siete desaires a la comisión
No asistió el contralor, Pablo Celi, pero envió los resultados del examen al proceso de naturalización de Assange. Tampoco el viceministro de Movilidad, José Luis Jácome, que manejó el proceso. Ni su coordinador jurídico. Ni los exministros de Seguridad y Defensa que manejaron la crisis de la frontera norte. Por no llegar, no llegaron ni los peritos en cedulación.