Caso ‘Arroz verde’: Entes del Estado se activan tras detención de Pamela Martínez
La detención de la exjueza constitucional y exasesora de Rafael Correa Pamela Martínez activó a otras instituciones del Estado en torno a este caso. La Contraloría emprende un examen al Consejo Nacional Electoral (CNE), porque la denuncia se relaciona con aportes de campaña; ese ente electoral asegura que ya fue requerido por la Fiscalía; mientras que la Corte Constitucional pide que se investigue y se sancione.
Mientras que para la defensa el camino es apelar la prisión preventiva, dentro de la instrucción fiscal por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, dentro de un concurso real de infracciones. El abogado Gustavo García dijo que apelará porque no se habrían cumplido los requisitos.
La prisión preventiva fue ordenada la tarde del domingo por el juez David Lasso y a partir de esa fecha el accionante tiene tres días para apelar. Junto a Martínez también recibió prisión preventiva, mientras duran los 90 días de instrucción fiscal, Laura T., asistente de la exjueza.
Ambas fueron trasladadas la tarde de ayer al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.
Un publicado por los portales La Fuente y Mil Hojas habría servido para Fiscalía de “noticia criminis”. En la nota se denuncia que para las campañas electorales 2013 y 2014 el movimiento Alianza PAIS recibió $ 11,6 millones en supuestas “donaciones voluntarias”, cuando en realidad, indica la investigación, esos dineros habrían sido parte de un “sistema de sobornos” del que serían parte las ahora procesadas.
Según, Fernando Villavicencio, uno de los dos periodistas que trabajó la investigación, Pamela Martínez “manejó y repartió” una parte de esos recursos. De los $ 11,6 millones, $ 4,6 millones habrían ingresado en efectivo y $ 7 millones ingresaron a través de la figura de cruce de facturas.
Martínez, durante la audiencia de formulación de cargos, aseguró que la información que poseía Fiscalía era “errada”. Aclaró que todo el dinero que tiene es producto de sus pagos institucionales, que nunca tuvo que ver con aportes de campaña alguna e indicó que jamás ejerció ningún cargo, fue afiliada o tesorera del movimiento Alianza PAIS.
La exjueza constitucional criticó a la Fiscalía, porque, según ella, la institución no actuaba con objetividad. “Esta injusticia va a tener en algún momento la luz de la verdad”.
Ayer, el vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) José Cabrera informó que la Fiscalía solicitó a la institución, la noche del viernes pasado, información relacionada con el caso, la cual durante el fin de semana último ya había sido remitida. Hasta el mediodía de ayer, García aseguró que la fiscal del caso no había notificado ningún impulso.
Cabrera recordó que durante la instalación del CNE transitorio, del cual él fue parte también, se pidió a la Contraloría que investigue todas las acciones que realizaron los consejeros electorales cesados en agosto de 2018 y que incluiría el análisis de los recursos de las organizaciones políticas.
La Corte Constitucional ayer expuso su preocupación de que sea la exvicepresidenta de esa entidad (Martínez), cesada a finales de agosto pasado, una de las involucradas. “Situación que empaña aún más el trabajo realizado por esa administración”, indica en un comunicado. Y señaló que la Fiscalía y la Contraloría deben investigar las acciones de los supuestos involucrados, su paso por la función pública y piden que se sancione en derecho.
El tema también alcanzó a la Asamblea. Jeannine Cruz solicitará que hoy exista un cambio en la sesión para que se debata la creación de la Comisión Multipartidista que se encargará de recopilar y analizar la información relacionada con la publicación ‘Odebrecht y Otras Multinacionales Pusieron Presidente en Ecuador’. (I)
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