Unanimidad contra Espinosa
El oficialismo perdió una comisión clave: la de Fiscalización. El resultado: el juicio político contra María Fernanda Espinosa se aprobó ayer sin dificultad.
La Comisión de Fiscalización, donde el bloque oficialista quedó en soletas tras las últimas deserciones, aprobó por unanimidad el trámite del juicio político contra uno de los personajes más cercanos al presidente Lenín Moreno: la excanciller María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas. Impulsado por el Partido Social Cristiano y CREO, el juicio político tiene como interpelantes a Cristina Reyes, Fernando Flores, Byron Suquilanda y Marcelo Simbaña.
Ahora el tiempo apremia: el plazo para interpelar a Espinosa vence el 11 de junio próximo, cuando se cumpla un año de su salida de Cancillería. Por el momento, la Comisión tiene ya una lista bastante abultada de comparecencias que administrar, también aprobada ayer por unanimidad. En ella se incluyen todos los funcionarios involucrados en la nacionalización del hacker australiano Julian Assange; el contralor Pablo Celi; los exministros de Defensa y Seguridad; los familiares de los periodistas de diario El Comercio asesinados por la guerrilla; el exembajador del Ecuador en Venezuela, entre otros.
Tres acusaciones pesan sobre Espinosa: la arbitraria concesión de la nacionalidad ecuatoriana a Assange; el incumplimiento de funciones frente a la crisis de la frontera norte (en febrero de 2018) que se saldó con el asesinato de los periodistas de El Comercio, y el abandono de los ecuatorianos residentes en Venezuela.
El primero es el más obvio, pues el propio Gobierno, a través del actual canciller José Valencia, ha reconocido que la nacionalización de Assange está llena de irregularidades. Durante su reciente comparecencia ante el Pleno de la Asamblea, Valencia abundó en pruebas: un examen general en el que Assange obtiene una calificación de 100 sobre 100 pese a que no habla español; el uso de documentos forjados en los que la firma del hacker ha sido falsificada; la entrega de una cédula de identidad con datos falsos…
Sin embargo, si las bancadas de CREO y el PSC quieren alcanzar los 92 votos que se necesitan para censurar a la exfuncionaria, es muy probable que deban dejar el caso Assange de lado; de lo contrario no contarán con el apoyo de los correístas.
Con respecto a la actuación de Espinosa durante la crisis que se desató en febrero de 2018 en la frontera norte, la tesis del incumplimiento de funciones se fundamenta en el hecho de que la entonces canciller solicitara dos semanas de licencia para promover su candidatura a la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente en el momento en que se desarrollaban las negociaciones para obtener la liberación de los tres periodistas secuestrados. A esto se añade, según los interpelantes, el mal uso de fondos públicos, pues la canciller usó el avión presidencial para su campaña.
Finalmente está el tema de Venezuela: a pesar de que el propio Lenín Morenocalificó la situación de ese país como “una crisis humanitaria” (una declaración nunca refrendada por Espinosa, quien mantuvo siempre su apoyo al régimen de Maduro), la canciller no hizo nada para socorrer a los cerca de 200.000 ciudadanos ecuatorianos que viven ahí.
Todo parece indicar que el juicio avanzará sin dificultad en la Comisión de Fiscalización, donde la excanciller no parece tener quien la defienda (ver recuadro). Sin embargo, Carondelet mueve sus fichas (lo hizo desde el mismo momento en que se planteó el juicio, en mayo de 2018. El hecho de que el trámite de la interpelación haya quedado estancado durante casi un año en el escritorio de la presidenta Elizabeth Cabezas es, según los interpelantes, una demostración de que la excanciller continúa siendo (lo dijo Cristina Reyes) “la engreída del presidente Moreno”.
La publicación, la semana pasada, de un comunicado de respaldo a la excanciller firmado por el Movimiento Alianza PAIS divide aún más al bloque oficialista. El comunicado sostiene que las acusaciones contra Espinosa se basan en “opiniones sesgadas” y que carecen de pruebas, a pesar de que fue su propio canciller quien las aportó durante su comparecencia ante el Pleno.
Fiscalización
Una comisión de oposición
El oficialismo perdió aparatosamente la Comisión de Fiscalización, donde cuatro de sus cinco representantes desertaron de sus filas. Desde la semana pasada, Silvia Salgado, Karla Cadena y Kharla Chávez votan con el minibloque de José Serrano. Ayer fue la propia presidenta de la Comisión, María José Carrión, quien dijo que Alianza PAIS no tenía futuro.
EL EXPRESO