La falta de planificación y de buscar consenso con la sociedad civil son algunas razones. Una baja credibilidad e incertidumbre están entre las consecuencias.

Tomar decisiones es parte del día a día de gobernar; pero dar marcha atrás sobre ellas no debería ser tan recurrente. La decisión del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables de dejar sin efecto una resolución de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ambas presididas por el ministro Carlos Pérez, respecto al alza de tarifas eléctricas, es un caso en una lista de decisiones tomadas y reculadas.

Se entiende que tomar decisiones desde la silla de una autoridad o un mandatario, y más aún si impactan a los bolsillos de los ciudadanos, conlleva un análisis previo de cifras, consecuencias, efectos y otras variables, por lo que retroceder no debería ser tan fácil. ¿Globos de ensayo o resoluciones no planificadas? Alex Cedeño, politólogo y jurista guayaquileño, se inclina por la segunda.

Cree que muchas de las decisiones adoptadas por el actual Gobierno carecen de elementos inherentes a la elaboración de las políticas públicas como la identificación del problema, formulación de alternativas de actuación, decisión, implementación y evaluación. “La omisión de este análisis previo y la deficiencia en la implementación, ponen de manifiesto la ineficiencia en el aparato de Gobierno”.

El analista político y doctor en Ciencia Política, Santiago Basabe, se inclina por la primera. A esa suerte de lanzar decisiones y esperar sus efectos para retroceder o no, le suma un factor que llama “la naturaleza del Gobierno”. “Me refiero al hecho de haber tantos actores políticos compartiendo espacio en el Ejecutivo y no todos con la misma agenda, sumado a que el presidente tiene una debilidad en su capacidad de tomar decisiones. Ese conjunto de variables terminan generando estas contradicciones”, acota.

Esta práctica se la palpó también cuando estaba en discusión el alza del precio del combustible, la modificación del pago de intereses con tarjetas de crédito y la implantación de tasas aduaneras. Para Katalina Barreiro, doctora en Ciencias Políticas y Administración Pública, se trata de responder a la necesidad económica real y complicada de un Gobierno. “Muchas de esas decisiones no las ha tomado el presidente (Lenín) Moreno sino directamente propuestas de su gabinete, pero que han sido miradas de que lo social es un tema prioritario”.

El analista y consultor político, César Luis Barthelotti, adiciona un elemento al análisis: el consenso. Cree que eso faltó al momento de tomar las decisiones, por lo que la presión social y de la opinión pública empujaron al Gobierno a dar marcha atrás. Y toda decisión tiene una consecuencia. “Ahora tenemos un Gobierno con su credibilidad afectada y una ciudadanía con cierta zozobra al respecto de que si las decisiones que toman hoy por hoy los gobernantes mañana estarán en firme o no”.

EL EXPRESO