Los resultados de la consulta popular sobre el futuro de la minería en el cantón Girón, en la provincia de Azuay, son considerados como un antecedente negativo para este sector. El escenario es compartido tanto por el Gobierno como por analistas y representantes de la actividad minera. El sector privado analizó ayer el tema en un simposio organizado por la Cámara de Minería del Ecuador. Una de las conclusiones del foro fue que este tipo de iniciativas podrían ser replicadas en otras zonas donde se desarrollan proyectos de interés nacional. En este espacio, Felipe Hurtado, consultor de Profitas, mencionó que otros actores podrían promover este mecanismo en otras localidades, luego de que el 86% de la población en Girón rechazó la minería en el sistema hidrológico Quimsacocha. “Esto sienta un precedente negativo para el sector y para la seguridad jurídica. Y puede tener impacto en el desarrollo de varios proyectos en otras industrias�. Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, manifestó que la Alianza por la Minería Responsable (AMRE), de la que forma parte esta compañía, coincide en que este caso no se restringe netamente al sector minero. En su criterio, una decisión de estas características causa preocupación en todos los sectores e industrias que posiblemente quieren invertir en el Ecuador. Para contrarrestar este posible escenario, Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, expresó que es importante que la Corte Constitucional determine si es factible realizar consultas populares locales sobre temas de interés nacional. A la par, según Yépez, el Estado debería propiciar un proceso de diálogo nacional con acuerdos mínimos de gobernabilidad. “No es posible que por un lado el Gobierno central nos otorgue licencias, concesiones y finalmente sea otro poder del Estado el que coarta ese derecho a invertir�. Uno de los movimientos que promovió la consulta fue Salud de los Pueblos del Ecuador. Arturo Quizhpe, uno de sus representantes, dijo días atrás que es un resultado histórico y permitirá proteger el agua en el páramo de Quimsacocha. En el 2018 las inversiones del sector minero ascendieron a USD 742 millones. El Ministerio de Energía informó el 26 de marzo pasado que en los próximos días se publicará la nueva política minera del país. Esta propuesta ya fue entregada a la Presidencia en noviembre pasado. “Sabemos que tenemos problemas porque hay bastante oposición de las comunidades, pero es un recurso que tiene el país�, expresó Carlos Pérez, ministro de Energía. Para establecer en qué áreas es posible desarrollar esta actividad y en cuáles no es compatible, el Ministerio de Energía en conjunto con el de Ambiente y la Secretaría de Agua están definiendo también el nuevo mapa catastral minero. Mientras, la empresa INV, a cargo del proyecto Loma Larga, que se ubica en los cantones Girón, San Fernando y Cuenca, está a la espera de una notificación oficial para decidir qué acciones podrá tomar, refirió Jorge Barreno, gerente general de esta firma en Ecuador. Actualmente, esta empresa continuará desarrollando el proyecto, que está en la fase de exploración avanzada y evaluación económica, refirió desde Toronto, el CEO de INV Metals, Candace MacGibbon. Hasta el momento, la inversión de INV Minerales Ecuador alcanza los USD 55 millones. Para la construcción y desarrollo de la mina se necesitarán otros USD 309,5 millones. En los otros proyectos de minería las actividades siguen su curso. Yépez mencionó que los resultados de la consulta de Girón son de carácter local. En el caso de Fruta del Norte, este se encuentra en la fase de construcción de las instalaciones mineras y de la infraestructura asociada. La ingeniería avanza en un 93% y la construcción del proyecto refleja un 54%, hasta marzo de 2019. Se espera que la producción se inicie a finales de este año. Mirador registraba un avance del 80%. En este se espera también la fase de producción se inicie a fines de este año. Pero a la par se deben solventar observaciones del Ministerio de Ambiente. En el proyecto Llurimagua, que se ejecuta en Imbabura, una reciente auditoría de la Contraloría puso en entredicho aspectos relacionados a la concesión que se hizo a la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami) y a Emsaec (subsidiaria en Ecuador de la firma Codelco). Emsaec indicó que está analizando el contenido de la auditoría y posteriormente ofrecerá declaraciones. No obstante, en febrero, Codelco dijo que el informe tiene aseveraciones erróneas. Río Blanco, está suspendido desde junio del 2018, por una disposición judicial.

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