Asamblea chavista de Venezuela retira inmunidad a Juan Guaidó
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, bajo control del oficialismo, aprobó el martes la continuación de un enjuiciamiento a Juan Guaidó, jefe del Congreso opositor.
Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, dijo que el decreto aprobado en la sesión autoriza seguir con “el curso legal de todas las investigaciones necesarias y los juicios (…) para que haya justicia en nuestro país”.
La decisión aprobada fue por una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, que remitió el lunes el pedido a la Constituyente.
Guaidó reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, había alertado este mismo martes que “pueden intentar secuestrarme”, sobre la posibilidad de ser detenido si la Constituyente le levanta el fuero, como acaba de ocurrir, luego del pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al presidente socialista Nicolás Maduro.
“El régimen ustedes saben cómo actúa. Esto ya no es ni siquiera persecución, esto es inquisición”, aseguró el opositor, quien desconoce al TSJ y a la Constituyente por considerar que su conformación fue ilegal.
“No hay cualidad ni para allanar ni para inhabilitar” por parte de esos órganos, apuntó Guaidó, previo a una sesión del Parlamento de mayoría opositora, que al igual que la Constituyente delibera en el Palacio Federal Legislativo, aunque en salones y horarios distintos.
En la crisis institucional, ningún organismo venezolano reconoce las decisiones del Congreso, después de que en 2016 el TSJ lo declaró en desacato.
Guaidó ha dicho varias veces, en tono desafiante, que el gobierno no se atreve a arrestarlo.
Este martes recordó que así ocurrió cuando retornó a Venezuela a finales de febrero cuando viajó por varios países de Sudamérica. El opositor también fue detenido durante una hora el pasado 13 de enero, en lo que Maduro atribuyó a una acción independiente de agentes de inteligencia que fueron detenidos.
El cerco en su contra incluye la reciente inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años, y que también desconoció. (I)
EL UNIVERSO