Traer al país una “lista Odebrecht”. Este es uno de los propósitos de la visita que funcionarios de alto nivel realizarán a Brasil, la próxima semana. Así lo dio a conocer el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. “Primero lo primero, la empresa debe entregar la lista de los corruptos a los que sobornó en este país”, dijo en la televisión. Lo segundo, según Roldán, es que el Estado pida una indemnización a la constructora brasileña por el esquema de sobornos que montó. “Comencemos por esa lista. Que nos digan qué pasó con esos corruptos que se llevaron el dinero del país y luego discutamos una indemnización”. Hasta hoy, Ecuador no ha concretado un monto económico alguno para pedir a la firma brasileña como reparación. Lo que sí existe, desde junio del 2017, es un convenio secreto de cooperación para entrega de información, acceso a evidencias y colaboración a las investigaciones de la justicia. El exprocurador General, Gustavo Medina, dice que en el Ecuador “hay fallas” en el manejo del caso Odebrecht en tres niveles: investigación y condenas para los responsables; localización y recuperación de los activos de origen ilícito; y, por último, formas de resarcimiento para el país. “No puede darse únicamente una indemnización y dejar de lado los procesos judiciales o viceversa. Se requiere de una actitud absolutamente diligente de todos los actores que intervienen en la investigación y sanción de los hechos”, indica Medina y cita el caso de Perú y de República Dominicana. Esos países sí han concretados acuerdos con Odebrecht. El 15 de febrero de 2019, los fiscales peruanos firmaron en su Consulado General de Sao Paulo un compromiso en el que la constructora se dispuso a entregar documentos “valiosos” y a pagar USD 182 millones por los sobornos. Además, resolvieron que hasta el próximo mes, los fiscales de ese país tomarán versiones de exfuncionarios de la firma brasileña. República Dominicana también tiene un acuerdo de reparación con la constructora por USD 184 millones. En Panamá, su Gobierno estableció una multa de USD 100 millones por uso indebido del sistema financiero y otros USD 120 millones por reparación civil a favor de esa nación. En Brasil, en donde se dirigieron las operaciones ilícitas, ha trascendido que Odebrecht pagará una suma cercana a los USD 1 000 millones en los próximos 22 años. Precisamente a ese país deben viajar el procurador Íñigo Salvador; el secretario anticorrupción, Iván Granda; y la fiscal Ruth Palacios. Pero ayer, esta última dijo que retrasará su traslado, porque un representante de Odebrecht prometió entregar información y deberá verificarla. Dentro de la Fiscalía existe una indagación reservada contra la constructora extranjera por supuesta defraudación tributaria. En noviembre del 2017, la entidad tenía previsto imputar cargos a la compañía como persona jurídica, pero la audiencia se canceló y desde entonces ha pedido nueva fecha. Otro juicio activo entre el Estado y Odebrecht se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito. ​ En este caso, la empresa demanda a Petroecuador por la terminación unilateral del contrato de la obra Poliducto Pascuales-Cuenca. Al tratarse de una controversia administrativa, Odebrecht pide que el tribunal determine “si procede” el pago de indemnización por daños y perjuicios que le habría causado el Ecuador. La próxima audiencia de este caso será el 7 de mayo. El 9 de enero, el Gobierno declaró en emergencia esa terminal de derivados de petróleo, porque se detectaron fallas en la construcción. La auditoría de ONU determinó que en la construcción del poliducto el Estado pagó 125% más de lo previsto. Es decir, pasó de USD 250 millones a 623 millones. En el juicio en contra de Jorge Glas, la Fiscalía determinó que por este contrato la constructora brasileña pagó coimas a altos exfuncionarios.

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