La Ley de Comunicación se tratará en vísperas de la vacancia

Sin que el bloque del oficialismo pueda llegar a un acuerdo, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, decidió convocar para el próximo jueves 14 de febrero de 2019 al debate del veto del Ejecutivo a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). La convocatoria llegó a los correos electrónicos de los legisladores pasadas las 11:00 de ayer, cuando se encontraban reunidos en el Pleno discutiendo las reformas a la Ley de Aviación Civil. Después de recibir la notificación, la bancada de Alianza PAIS (AP) mantuvo una nueva reunión para tratar de consensuar una postura sobre por lo menos tres temas en los que hay discrepancias con las observaciones entregadas por el presidente, Lenín Moreno, el 18 de enero pasado. El principal tiene que ver con la eliminación del artículo 98, que estipula que la publicidad que se difunda en territorio nacional no debe ser producida por empresas extranjeras. El otro se relaciona con el hecho de que deje ser obligatorio para los medios de comunicación guardar los registros de su programación por 180 días para garantizar el cumplimiento del 1×1, relacionado con la difusión de música nacional. Y, en tercer lugar, con el cambio en el artículo 94 de la norma para permitir la difusión de publicidad de productos como las bebidas alcohólicas, sin un control del Ministerio de Salud Pública. “Estamos tratando de ver cuáles son las condiciones con las demás bancadas para explorar la posibilidad de ratificarnos en esos tres artículos”, comentó Ximena Peña, una de las coordinadoras de AP. César Litardo, otro de los coordinadores del bloque, recordó que para ratificarse en el texto aprobado se necesitan 91 votos, es decir, las dos terceras partes del Pleno. La bancada de AP y sus aliados tienen 40 integrantes. Litardo reconoció que “hay el riesgo” de que si no se logran los acuerdos. la norma entre por el Ministerio de la Ley. Cristóbal Lloret, coordinador del grupo de los 30 legisladores correístas, comprometió el respaldo de su sector para ratificarse en estos temas. Sin embargo, el legislador cuestionó que por parte de Cabezas se haya dejado este tema a vísperas de que el 18 de febrero se inicie la primera vacancia legislativa del año. Lloret adujo que el artículo 98 protege al sector dedicado a la producción audiovisual del país, que pide a la Asamblea que se ratifique en el tema. Pero Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano (PSC), y Homero Castanier, de Creo, indicaron que también se debe sopesar que mantener esa restricción puede repercutir en las negociaciones del país para adherirse a la Alianza del Pacífico y para llegar a un acuerdo con la Unión Europea. “Eso hay que poner en la balanza”, dijo Reyes, al tiempo que recordó que ese artículo en el anterior Gobierno benefició a las empresas vinculadas con un exfuncionario. De su lado, Jorge Corozo (AP), manifestó que es partidario de que la Asamblea se allane al veto presidencial, para lo cual se requieren 70 votos. Él preside la Comisión de los Derechos Colectivos, encargada de tramitar la reforma. Corozo resaltó que su Comisión “cumplió con el país” al entregar un informe siete días después de que el Ejecutivo remitiera el veto. Sin embargo, asambleístas como Jeannine Cruz (Creo) no disponían de ese documento hasta la tarde del pasado martes 12 de febrero. El informe, que no es vinculante para el Pleno de la Asamblea, fue aprobado con cinco votos a favor y dos abstenciones en la Comisión, el pasado 25 de enero. Allí sugieren allanarse en 20 objeciones presentadas por el Ejecutivo y ratificarse en el texto de 6 artículos. Entre estos últimos también constan las acciones afirmativas para medios comunitarios, respecto de los concursos de frecuencias, y la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.

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