Familiares de periodistas ejecutados por ‘Guacho’: ‘Operativos clandestinos desencadenaron el asesinato’

Los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, secuestrados y asesinados en 2018 en la frontera entre Ecuador y Colombia, reaccionaron este lunes 4 de febrero de 2019 a la investigación periodística ‘Rehenes, ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El COMERCIO?’, el libro escrito por Arturo Torres y María Belén Arroyo, presentado en Quito el último 31 de enero. El libro, la primera investigación periodística publicada por el secuestro y crimen, documenta ‘barridos’ (operativos) de la Policía de Colombia realizados desde territorio ecuatoriano, mientras los tres integrantes del equipo de prensa permanecían secuestrados por el Frente Óliver Sinisterra en la frontera colombo-ecuatoriana. “La noche del 28 de marzo (de 2018, a dos días del secuestro), las autoridades nos aseguraron que una incursión policial sería la última posibilidad y que solo las familias tomaríamos la decisión de que se permitan operativos en la zona. Los operativos nunca pararon y se hicieron operativos combinados con Colombia que fueron clandestinos”, asegura Yadira Aguagallo, pareja sentimental de Paúl Rivas, al recoger distintas revelaciones del libro Rehenes. El despliegue de operativos clandestinos en la zona “desencadenó el asesinato”, sentencia Aguagallo. Ella exhorta a que las fiscalías de Colombia y Ecuador incluyan estos nuevos elementos en sus líneas de investigación sobre el secuestro y asesinato. “Instamos a las autoridades a que nos den una explicación clara de estos operativos”. Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado, enfatiza que resulta “evidente la manipulación sobre estos puntos. Y que no me venga a decir la Fiscalía o Procuraduría que una investigación periodística no tiene el mismo aval que una investigación penal, cuando la investigación le está dando todos los elementos a Fiscalía para que haga su labor”. En la investigación realizada por Torres y Arroyo, “está descrito de forma clara cómo, bajo el Acuerdo de Pereira, ingresaron a nuestro país elementos de la policía colombiana y fueron abastecidos con alimentos y bebidas para desde ahí hacer el cerco hacia los grupos con la única finalidad de matar a Guacho”, dice Aguagallo. “¿Quién autorizó que la policía colombiana opere de nuestro territorio?”. “No es el objetivo de estas familias la reparación económica”, añade Aguagallo. En ese sentido, los familiares rechazan “las declaraciones de Íñigo Salvador (procurador general del Estado, a finales del 2018), quien dijo que nuestro afán es culpar al Estado a toda costa. Buscamos que ninguna persona tenga que ser culpada por su propia muerte. No vamos a permitir que las autoridades judiciales quieran desprestigiar a Paúl, Javier y Efraín”. Los familiares cuestionan la hipótesis que maneja la Fiscalía ecuatoriana, que asegura que el secuestro del equipo periodístico se habría realizado en Colombia y que los tres habrían cruzado la frontera por voluntad propia, motivados por una supuesta entrevista que les habría ofrecido el Frente Óliver Sinisterra. María Belén Arroyo y Arturo Torres, periodistas de investigación ecuatorianos con más de dos décadas de trayectoria, documentan en el libro que el secuestro ocurrió en Mataje, Ecuador. Para ello, revelan testimonios, incluso de un dirigente de la parroquia, y cuentan con documentos oficiales, como la autorización del contralmirante John Merlo, la máxima autoridad militar en la zona, para permitirles pasar el retén de la Marina a dos kilómetros de la frontera. El libro revela cómo el entonces ministro del Interior César Navas admite que autoridades de Ecuador se prepararon para una liberación de los tres rehenes el miércoles 28 de marzo de 2018, a dos días del secuestro. Según la publicación, los captores tuvieron la voluntad cierta de entregar a los periodistas, al considerar que su retención había sido un error, pero operativos policiales desplegados en la zona pusieron en riesgo su seguridad, reza en el libro. Entonces, los disidentes decidieron replegarse montaña adentro con el equipo de prensa. La liberación era un secreto a voces. La información llegó a la redacción del diario El Tiempo ese mismo día. Al día siguiente, la información fue calificada como ‘falsa’ por el entonces ministro Navas. “Se nos mintió a los ecuatorianos. Se nos tuvo que haber dicho, por lo menos a los familiares, qué fue lo que ocurrió ese día”, sostuvo Aguagallo. Durante las 48 horas posteriores, asegura el libro, el trato con los miembros del equipo secuestrado se recrudeció. Aguagallo asegura que, desde esa fecha, “empieza un proceso de comunicación que es una conversación estéril y atropellada. Nunca hubo negociación por parte del Estado ecuatoriano”. Ricardo Rivas añade que “la política fue que pase el tiempo”. La última comunicación de las autoridades, por medio del canal de comunicación con los disidentes, fue el 7 de abril de 2018. “El disidente que está negociando pregunta si los libera o no”, refiere Rivas, con base en otra revelación del libro: el diálogo entre el negociador del Gobierno de Ecuador y Guacho. “La respuesta es tan ambigua: ‘Estamos en eso. Estamos viendo’. Se sigue dilatando (la conversación) y llega un punto en que ese día se corta la comunicación. Justamente ese día, presumimos que se dio el asesinato. Porque parte de las comunicaciones dice que a las 3 de la tarde se enviarían videos de su asesinato”. El 11 de abril comenzó a circular un comunicado del Frente dando a conocer el asesinato. En esa misma fecha “es la primera vez que por el canal de comunicación 2 se emite un mensaje concreto y directo de la posibilidad de canje”, dice Aguagallo, también citando al libro. “De todo el intercambio de comunicaciones por chat, este fue el único mensaje en que se habla de un canje. Guacho no vio ese mensaje. Ya se había cerrado el canal de comunicación”. Ese día, “nosotros estábamos en Guayaquil preparando el viaje a la Cumbre de las Américas”, recuerda Rivas. “Navas me llamó por teléfono y me dijo: ‘No crea lo que está circulando en redes sociales, es falso’. Dijo que fue un montaje. Hasta ese punto se jugó con nosotros. Nos hacen viajar hasta Lima y allá no fueron capaces el 12 (de abril) de darnos la noticia, sino que nos dijeron que debíamos regresar en el avión del Presidente. Y tuve que venir el 13 en la madrugada para ver recién las fotos (de los cuerpos) que circulaban”. Los familiares anuncian que entregarán un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Equipo de Seguimiento Especial que investiga el caso tome en cuenta las revelaciones de la investigación de Arturo Torres y María Belén Arroyo. 

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