La Policía denuncia déficit de armas y municiones en el país
La Ministra del Interior dijo que la institución sí cuenta con presupuesto y que los agentes tendrán entrenamiento, equipo e infraestructura en su comparecencia a la Asamblea por el caso Diana. En la Policía hay problemas no solo de capacitación, sino también técnicos. “Tenemos déficit de armas y municiones”, afirmó Byron Vallejo Martínez, director general de Logística. Las expresiones del funcionario, que se encuentra al frente de la institución desde el 19 de septiembre de 2018, incluyeron que la vida útil de las armas y municiones terminará el próximo octubre. El uniformado compareció a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, en donde se analiza la cadena de seguridad que se usó para el rescate de Diana. La joven, de 26 años, falleció tras recibir varias puñaladas de su conviviente Yordi Rafael L. El hecho se produjo en Ibarra ante la presencia de 25 policías que no pudieron neutralizarlo antes de la agresión. Vallejo informó que la última vez que se compró municiones fue en 2009. Actualmente, la institución cuenta con 2’703.300 municiones, pero el 50% está guardada en almacén para una eventual crisis. Mientras que el 50% restante está asignado a los policías para el uso. El déficit, según Vallejo, es de 2’656.000. No es todo. La entidad cuenta con 42.065 pistolas, pero hay 51.312 policías, por ello faltan 9.247 armas. En Ibarra, en donde se produjo el femicidio a Diana, 58 policías no tienen armas y municiones por falta de estos equipos de seguridad. El teniente coronel Jimmy Acosta actuó como jefe del comando cuando se produjo la agresión a Diana el pasado 19 de enero. Afirmó que estuvieron 25 policías, al mando de tres mayores, un teniente coronel y un capitán. Luego de los sucesos, Acosta detalló que varios uniformados del operativo recibieron el pase a lugares a cinco o seis horas de distancia de su lugar de residencia. Acosta denunció falta de capacitación. Por ejemplo detalló que en las prácticas se usan pistolas de paintball para entrenar. Este testimonio comparte el teniente Álex Vargas, quien estuvo al mando del operativo para rescatar a la joven. Vargas detalló que hace 10 años no dispara. Vallejo indicó que las armas y las municiones tienen una vida útil de 10 años. Ese tiempo terminará en octubre de este año. Por ello solicitó que se les permita adquirir nuevo armamento tanto para capacitaciones como para dotación. Acosta reconoció que en la negociación con el agresor no actuó una persona preparada, sino un sujeto “en empatía por el agresor”. A su criterio, la población exacerbó los ánimos del agresor y eso llevó al fatal desenlace donde murió Diana. La primera en llegar al lugar, según Acosta, fue la capitana Ana Viteri. A criterio del jefe del comando, problemas como minería ilegal, la firma de la paz con Colombia y la migración afectan a la seguridad. Indicó que, según la Secretaría de Seguridad de la Policía, 15.000 migrantes viven en Imbabura. Jimmy Jaramillo, comandante de la zona 1, precisó que la Policía actuó en 2.612 casos de violencia intrafamiliar solo en esa provincia. Reiteró que sí están legalmente autorizados al uso de la fuerza, pero que los uniformados sienten temor. Gobierno equipará a la Policía La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que se instruyó a las gobernaciones para que patrocinen judicialmente a los policías para ejecutar el uso progresivo de la fuerza. Con ello espera calmar el temor para actuar de los uniformados. Romo señaló que, además, se realizará un reentrenamiento para todos los uniformados en el uso de armas. La funcionaria negó la falta de recursos y dijo que la entidad cuenta con el presupuesto para su funcionamiento y operación. Señaló que se comprarán chalecos, armas y hay presupuesto para construir 100 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y 6 Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC). (I) Cronología Según la Policía, Diana habría recibido algunas citaciones por la custodia de sus otros hijos. Asimismo, las agresiones eran constantes. 19/enero 20:30 El jefe del comando, Jimmy Acosta, conoce sobre la agresión de Diana. Intenta comunicarse con el jefe de la subzona, Juan Jaramillo, pero este no le contestó la llamada. 19 /enero 20:40 Acosta llama a Marisol Peñafiel, gobernadora de Imbabura, quien no le da instrucción alguna, solo le dice que espera que todo se solucione. 19 /enero 21:00 Álex Vargas estuvo al mando del operativo de rescate de Diana Carolina. Insiste en la necesidad de que grupos especiales participen en las acciones. 19/enero 21:30 Yordi Rafael R. tiene como rehén a Diana Carolina. Se busca un negociador, que según Acosta, fue un allegado de la pareja. Siguen coordinaciones con grupos élites. 19/enero 22:00 La policía trata de realizar un cerco. La multitud se reúne en la zona. Yordi Rafael L. se siente presionado. Pide huir del lugar. 19/enero 22:30 Yordi Rafael L. apuñala a la joven. Los 25 policías que se encontraban en la zona neutralizan al agresor. Diana es trasladada a un hospital, en donde fallece. 20 /enero 24:00 El general Hernán Carrillo, director de operaciones de la Policía, se entera del hecho. Afirma que nadie se contactó antes y pide resguardo en hospital y lugar de detención de Yordi Rafael L. ————————– Uniformados demandan sentencias por agresión Juan Jaramillo, comandante de la zona 1 de la Policía, señaló que hay temor en los uniformados en el uso progresivo de la fuerza. A su cargo está la seguridad en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y Carchi. Jaramillo indicó que en Sucumbíos hace dos semanas falleció un agente y otros dos fueron retenidos por grupos dedicados al narcotráfico. A su criterio hay temor en los miembros de la institución policial, luego del caso de Mascarilla, en donde se encuentra detenido el policía David V. por el asesinato de Andrés Padilla, de 24 años, tras enfrentamientos. “La moral está caída”, manifestó Jaramillo, quien enfatizó que solicitó una reunión con la fiscal (e) Ruth Palacios y el Consejo de la Judicatura para exponer la situación de los uniformados. Indicó que en Mascarilla se quemó el cuartel, se robaron motos y comida de los canes de la zona y “no hay responsables”. Asimismo, Jaramillo dijo que hubo 400 gendarmes agredidos cuando controlaban la minería ilegal y solo cuatro casos fueron sentenciados. Además, otros 60 fueron heridos en movilizaciones de ataque y resistencia, y no hay sentencias. Detalló que en Pimampiro a una policía le rociaron gasolina y el caso solo fue juzgado como una contravención. (I)
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