Tras crimen de mujer en Ibarra, Gobierno ecuatoriano dicta 4 tipos de control a venezolanos

Dos días después de que un venezolano tomara como rehén a su expareja, una mujer de 22 años y embarazada de 4 meses, la apuñalara delante de policías y ciudadanos en una calle de Ibarra, el Gobierno empezó a implementar controles y poner restricciones al ingreso de los migrantes de ese país, medidas que de inmediato fueron criticadas por entes internacionales de derechos humanos.

Son cuatro medidas concretas y que ya rigen: Exigencia del pasado judicial apostillado para ingresar al país, formación de brigadas para inspeccionar la situación laboral, un censo a los extranjeros y una propuesta pedagógica y educativa. El control laboral empezó este lunes a primera hora en Guayaquil y otras ciudades del país.

El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, expresó que el pedido del pasado judicial impedirá el ingreso de delincuentes, las brigadas serán en contra de los empleadores que abusen de los venezolanos y sus derechos.

Roldán agregó que el censo a extranjeros se realiza en todos los países y el objetivo es saber, inclusive, cómo Ecuador les protege para que no vivan precariamente y, la propuesta pedagógica-educativa serviría para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.

“Ni ataques xenófobos ni criminales que puedan entrar en Ecuador a hacer lo que les da la gana”, dijo Roldán, en entrevista con Ecuador TV.

Dos días después de que un venezolano tomara como rehén a su expareja, una mujer de 22 años y embarazada de 4 meses, la apuñalara delante de policías y ciudadanos en una calle de Ibarra, el Gobierno empezó a implementar controles y poner restricciones al ingreso de los migrantes de ese país, medidas que de inmediato fueron criticadas por entes internacionales de derechos humanos.

Son cuatro medidas concretas y que ya rigen: Exigencia del pasado judicial apostillado para ingresar al país, formación de brigadas para inspeccionar la situación laboral, un censo a los extranjeros y una propuesta pedagógica y educativa. El control laboral empezó este lunes a primera hora en Guayaquil y otras ciudades del país.

El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, expresó que el pedido del pasado judicial impedirá el ingreso de delincuentes, las brigadas serán en contra de los empleadores que abusen de los venezolanos y sus derechos.

Roldán agregó que el censo a extranjeros se realiza en todos los países y el objetivo es saber, inclusive, cómo Ecuador les protege para que no vivan precariamente y, la propuesta pedagógica-educativa serviría para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.

“Ni ataques xenófobos ni criminales que puedan entrar en Ecuador a hacer lo que les da la gana”, dijo Roldán, en entrevista con Ecuador TV.

Dichas declaraciones se dieron minutos después de que el vicepresidente Otto Sonnenholzner, en cadena nacional, a las 06:55 anunciara el requisito del pasado judicial apostillado. “La violencia machista no tiene nacionalidad”, dijo y señaló: “Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”.

En tanto, en Twitter, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, citó una posible estrategia de Nicolás Maduro. “No podemos tolerar que envíe a personas que tiene detenidas en sus cárceles al Ecuador, por eso rechaza la entrega de récord judicial. No podemos generalizar, hay hermanos venezolanos queridos y de gran valor”, expresó.

Esto se dio luego de que el domingo, el presidente Lenín Moreno diera la disposición de crear brigadas “para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos”.

En respuesta, las organizaciones de venezolanos en el país calificaron de “xenófobo” este discurso.

Ayer, Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación de Venezolanos en el Exterior, se reunió con el canciller subrogante, Andrés Terán, para entregarle un manifiesto.

“Esperamos una rectificación por parte del Estado ecuatoriano… no estamos de acuerdo con las brigadas, creemos que esto llevaría a criminalizar y penalizar la condición migratoria…”, señaló.

Sobre el pasado judicial apostillado, sostuvo que el trámite de este documento es complicado en Venezuela. 

Trabajo de 07:00 a 19:00, si uno quiere trabajar seguido trabaja seguido. No estamos contratados… llevo 4 meses, es un poco difícil encontrar trabajo por ser venezolano, hay días que se gana $ 5 a $ 7”.
Herson Dávila, migrante.

Llevo siete meses trabajando aquí honradamente gracias a la señora Ángela que me dio trabajo. Gano $2 o a veces $3 por auto, con propina es más. Gracias a ella por la confianza”.
Gerson Contreras, migrante.

‘Por uno, no podemos pagar los honrados’

Ante más de una decena de medios de comunicación, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, este lunes encabezó un operativo de control para diagnosticar el estado laboral de ciudadanos extranjeros que laboran en Guayaquil.

El ministro aseguró que estas inspecciones no comienzan desde ahora sino que son continuas. Luego, añadió que son parte de las brigadas pedidas por el Gobierno nacional tras el femicidio suscitado en Ibarra.

En una lavadora de autos de Sauces 1, el ministro con inspectores interrumpieron las labores de catorce ciudadanos venezolanos que se ganan $ 2 por cada auto limpiado.

Allí, Madero dijo que estaban para inspeccionar las obligaciones laborales de sus empleadores en temas de contratos, afiliación al seguro social y visas para velar por el respeto de sus derechos humanos.

“No sería bueno que por uno, que ni sabemos quién es, paguemos otros que venimos a trabajar honradamente”, dijo preocupado Gerson Contreras al ministro ante el temor de quedar sin un trabajo. Algunos migrantes, en silencio, grabaron con sus celulares la visita.

Allí, funcionarios de la cartera de Estado saludaron y tomaron datos de cada empleado para conocer su situación laboral.

Varios migrantes se ausentaron de sus puestos por temor a los ataques dados en Ibarra.

Unos 70 operativos se ejecutarían ayer en el país. Según el ministro, en el 2018 se dieron 16.000 inspecciones que derivaron en 6.300 multas de 10 a 15 salarios básicos.

Opiniones nacionales e internacionales

Cancillería de Venezuela: Gobierno de Moreno incita a la persecución

Venezuela reaccionó con un pronunciamiento de su canciller a las medidas adoptadas por el Gobierno de Ecuador tras el crimen de la joven en Ibarra, ocurrido el sábado, en el que está involucrado un venezolano.

Jorge Arreaza, canciller venezolano, consideró que el gobierno de Lenín Moreno ha “incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador”.

El funcionario hizo responsable al Gobierno de la seguridad e integridad de venezolanos.

“La nacionalidad no es un criterio de criminalización, por lo cual se considera repudiable que el presidente Lenín Moreno se valga de esta treta para evadir la responsabilidad de su gobierno en la reproducción del feminicidio, que solo en el 2018 alcanzó una cifra de 88 casos”, cuestionó Arreaza.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió respeto a los derechos humanos y cese a la persecución.

Human Rights Watch: Es injusto que se les exija pasado judicial

El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, consideró ‏injusto exigirle el pasado judicial a los ciudadanos venezolanos que “huyen con lo puesto del estado mafioso, fallido y autocrático de (Nicolás) Maduro”.

Vivanco, a través de Twitter, cuestionó además el pronunciamiento del presidente Lenín Moreno al considerar que las brigadas de control que propuso solo aumentan la xenofobia. “El Gobierno no puede propagar la histeria colectiva”, dijo el funcionario.

En esa misma red social, Luis Almagro, secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), abogó para que primen la paz y acciones basadas en ley y justicia.

“Un crimen no tiene nacionalidad, no puede generalizarse a toda una población migrante necesitada. El femicidio es aberrante y está más allá de nacionalidades”, sostuvo el secretario de la OEA.

Amnistía Internacional: Atender violencia, sin fomentar la xenofobia

“El gobierno del presidente Lenín Moreno tiene la responsabilidad de proteger el derecho de las personas a solicitar asilo y buscar protección internacional, así como de prevenir, investigar y sancionar actos de violencia cometidos en contra de personas dentro de su territorio, sin discriminación por su nacionalidad u otros factores”.

Así respondió Amnistía Internacional al anuncio del Gobierno ecuatoriano de imponer restricciones de ingreso a venezolanos. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, dijo que las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de proteger a niñas y mujeres, investigar todos estos crímenes y castigar a los responsables.

“Estos lamentables hechos no deben fomentar ataques xenófobos, ni la imposición de restricciones adicionales que ponen en mayor riesgo a una población en necesidad de protección internacional… como los venezolanos que huyen de su país por las masivas violaciones a los derechos humanos”, afirmó.

Alcalde de Ibarra: No podemos permitir más actos de violencia

En la intersección de las calles Pedro Moncayo y Luis Cabezas Borja, en el centro de Ibarra, donde Diana Carolina fue acuchillada por su pareja, varios ciudadanos han instalado una fotografía de ella en estado de gestación junto a carteles, velas y flores.

Hasta allí llegan ibarreños indignados y consternados por el crimen. Rosario Imacaña vive cerca a ese lugar y junto con su hija acudieron a rezar por la víctima. Ella está conmovida por el atroz crimen, pero no está de acuerdo con que se señale a todos los venezolanos por esto. “No hay que ser violentos, los venezolanos salieron huyendo de su país, pero por uno no tienen que pagar todos”, dijo Rosario.

Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, hizo un llamado a la calma de la ciudadanía e invitó a una marcha que se realizará hoy para solidarizarse con la familia de Diana. “No podemos permitir que se den más actos de violencia, hay que mejorar la seguridad en la ciudad”, dijo. (I)

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