Gonzalo Silva, abogado penalista: ‘La Fiscalía General perdió su independencia y autonomía’
Gonzalo Silva es doctor en jurisprudencia y Magíster en Derecho Penal. Dice que el Fiscal General debe ser preparado, promover la cooperación interinstitucional y recuperar la autonomía de Fiscalía. La fiscal Ruth Palacios reconoció que la Fiscalía tiene limitaciones. ¿Cómo analiza la situación de la Fiscalía? El problema de la Fiscalía General del Estado se debe a que los titulares que han pasado desde el 2008 no se han preocupado por institucionalizar a la entidad. Permitieron que se elabore el Código Orgánico de la Función Judicial en el 2011, que derogó la autonomía e independencia administrativa y financiera de la Fiscalía, que se encontraba amparada en la Ley Orgánica del Ministerio Público. La derogación de esta ley ¿qué ocasionó? Que el Fiscal General se someta al Consejo de la Judicatura y no pueda designar a ningún funcionario o evaluar a los fiscales. Esto es parte del fracaso de la institución; está limitada. ¿Qué otros problemas tiene la Fiscalía? El Consejo de Participación Ciudadana encargó la titularidad de la entidad a gente que desconoce del ámbito administrativo y judicial. Lo que se necesita es gente preparada. Por ejemplo, no se preocupan de unificar criterios, ni siquiera por medio de consultores que les digan cómo deben proceder en la gestión. Otro de los problemas es el cambio contante de fiscales generales que ha provocado desasosiego y la destrucción de la entidad. No se ha dado el verdadero respeto al talento humano que debe primar en una institución del Estado. Cada fiscal está abarrotado con causas judiciales en sus despachos. La Fiscalía está desbordada de denuncias, pero las Funciones del Estado la han exhortado para que indague casos de corrupción ¿Qué se puede hacer al respecto? No existe cooperación interinstitucional. Las diferentes funciones del Estado deberían ponerse de acuerdo para planificar estrategias que viabilicen una administración de justicia. ¿Qué más hacer? Que haya leyes más sencillas. Se debería derogar la disposición final del artículo 581 del Código Penal que habla sobre la procedibilidad. Allí establece que la Contraloría debe pronunciarse previamente en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito para que se procese el enjuiciamiento. La Fiscalía General debe recuperar la potestad exclusiva para el inicio de una investigación . Cuando el Consejo de Participación Ciudadana designe el nuevo Fiscal General ¿en qué se debe trabajar o qué se debe corregir dentro de la institución? El nuevo Fiscal debe tener un grado de preparación suficiente para manejar el talento humano, la gestión administrativa y la cooperación interinstitucional. Que trate de recuperar la autonomía.
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