Críticas a contratación de publicidad por casi $ 300 mil en Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional gastó en una campaña de publicidad institucional, que duró 36 días, un monto de $ 299.157,19, incluido el impuesto al valor agregado (IVA), para crear, producir, elaborar piezas comunicacionales y difundirlas en los medios masivos sobre el trabajo desarrollado en la administración de Elizabeth Cabezas.
El contrato se suscribió el 23 de noviembre pasado y se adjudicó a la compañía Mediterráneo Comunicación representada por Jorge Encinas Oñate, y contiene tres fases: producción de materiales e insumos comunicacionales; difusión de campaña institucional en medios; y, difusión de rendición de cuentas en medios.
El plan incluía pautas en radio y televisión locales y nacionales; así como la colocación de al menos una valla en Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca y Portoviejo; y publicidad en diez buses de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato, Babahoyo, Loja y Riobamba.
Según la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, se trató de una campaña, “no de la Asamblea Nacional sino de socialización de las leyes”. Y se comprometió a presentar, en los próximos días, el resumen del presupuesto y los ahorros que la Asamblea ha realizado, y que en función de eso tener una valoración global de cómo han manejado los recursos.
Carolina Jaramillo, de la Secretaría de Comunicación de la Asamblea, explica que en esa dependencia del Legislativo que funciona con 91 personas, no era posible desarrollar esas piezas comunicacionales, porque tiene un enfoque de comunicación más periodístico.
Para una campaña como la contratada, añade, se necesitaba desde la tecnología de cine digital que es compatible con las plataformas de los medios nacionales hasta actores profesionales, lo que no existe en la Secretaría de Comunicación.
Los medios que tiene la Asamblea como la radio y la televisión, según Jaramillo, no son suficientes para informar sobre el contenido de las leyes aprobadas, porque hay una diferencia entre la capacidad y el alcance que tienen esos medios; de ahí la necesidad de ‘apoyarse’ en televisión a nivel nacional y los medios locales.
El fin era explicarle al ciudadano para qué le sirven las leyes aprobadas. De 19 cuerpos legales, aprobados entre marzo y diciembre, la campaña priorizó seis: Ley de eficiencia de trámites; la derogación de la Ley de Plusvalía; la Ley Amazónica; una reforma a la Ley de Seguridad Social; Ley de Fomento Productivo; y las reformas a la Ley de Educación Superior.
Jaramillo explicó que la contratación de la campaña institucional estaba programada dentro del presupuesto de 2018, y fue la secretaría a su cargo la que hizo la propuesta.
Patricio Donoso (CREO), del Consejo de Administración Legislativa (CAL), desconoce sobre la campaña mediática, cuyo valor, dice, está fuera de contexto en medio de la austeridad que se pregona. Anunció que pedirá explicación.
Para Mauricio Proaño (antes de AP), la austeridad no ha llegado a la Asamblea, y afirma que no se justifica un gasto excesivo en publicidad en una época preelectoral y cuando el Estado demanda ahorro.
Desde el PSC, César Rohon señala que no es coherente que en medio de una crisis la Asamblea no se ajuste los cinturones; si bien es verdad, añade, que la Asamblea no comunica bien lo que se hace en legislación, con una mejor orientación se lo puede lograr a través de la radio, la televisión y las redes sociales del Legislativo. “No estoy de acuerdo con la contratación externa, peor por los montos que se han pactado”.
Empresas concursantes
Tres empresas presentaron propuestas para la campaña: PGV Publicidad Cía. Ltda; Gestión Publicidad Cespu Cía. Ltda.; y Mediterráneo Comunicación Cía. Ltda. Las ofertas fueron revisadas por una comisión técnica en la que participó Carolina Jaramillo, de la Secretaría de Comunicación de la Asamblea, quien destacó que Mediterráneo Comunicación Cía. Ltda. cumplió con las exigencias y que no hubo objeciones. (I)RECIBE NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS
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