Proyecto de reforma a la Ley de Comunicación al Ejecutivo
Quito -Hoy será remitido al Ejecutivo el proyecto que aplica unos 90 cambios a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el cual se elimina el régimen punitivo y sancionador a la actividad de la prensa en el país, vigente desde junio del 2013.
Por esas reformas votaron 75 asambleístas de Alianza PAIS, PSC, CREO, SUMA, PK, BIN e Independientes. En tanto, 23 legisladores correístas votaron en contra y además dos separados de AP. También hubo siete abstenciones que salieron de AP, CREO y BIN.
Durante el debate, los legisladores a favor de las reformas recalcaron que es un día histórico porque se reforma una ley que fue instrumento de persecución a la prensa y a los periodistas, con el propósito de ocultar los hechos de corrupción y garantizar la impunidad.
De los textos aprobados en dos debates se ratifica la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), el linchamiento mediático, los códigos deontológicos, así como la categoría de que la comunicación es un servicio público. Todas las atribuciones y obligaciones que tenía la Supercom pasarán al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.
El ciudadano que se sienta afectado por publicaciones en la prensa podrá presentar un recurso ante el Cordicom, y en caso de no tener resultados, podrá seguir el órgano regular de justicia.
Las partidas presupuestarias de talento humano de la Supercom serán suprimidas y el personal indemnizado de conformidad con la ley, y de acuerdo al cronograma de liquidación.
Uno de los cambios introducidos a última hora fue el planteado por Cristina Reyes (PSC), sobre la “necesidad de renovar las frecuencias de radio y televisión que han cumplido con las disposiciones contractuales”.
Para ello planteó el texto que luego fue recogido por Jorge Corozo (AP), como presidente de la Mesa de Derechos Colectivos, en el que se señala que “se renovarán, por única vez, las concesiones de frecuencias de radio y televisión previo al informe jurídico y técnico sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en sus contratos de concesión. El informe deberá ser realizado en un plazo de 60 días”.
Las concesiones de radio y televisión que no cumplan con lo determinado en los contratos de concesión serán revertidas al Estado y serán sujetas a concursos públicos. (I)
EL UNIVERSO