España ha levantado la voz en la reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada este lunes en Bruselas. Amenaza con vetar el Acuerdo de Salida del ‘brexit’ si no se explicita que cualquier decisión sobre Gibraltar queda supeditada a la negociación bilateral de Madrid y Londres. Dicho de otro modo, España no quiere ceder ni un ápice de su protagonismo en el futuro del Peñón; que se diluya su influencia en un contexto más general, el de las negociaciones sobre la relación que la Unión Europea tendrá con el que será ya un tercer Estado a partir del 29 de marzo, cuando se formalizará el divorcio.

El problema radica en un artículo incluido en las 585 páginas del pacto; el 184. A la ambigüedad de su redacción (muy abierta) se añade el hecho de que los representantes de los 27 no conocieron (ni el artículo ni el resto del paquete) hasta la noche del miércoles. «Solo lo sabía la parte británica, la señora May», además, lógicamente de los negociadores directos de ambos lados del canal de la Mancha. Lo que se ignoraba hasta ahora es que el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Raymond Picardo, también se enteró antes que la delegación española, lo que ha ahondado en el malestar de Madrid.

El artículo que ahora tensa el discurso de España con el equipo de Michel Barnier habla de los medios a utilizar en la negociación futura, «de esfuerzos, de buena fe y respetando sus respectivos órdenes legales para dar los pasos necesarios» a la hora de alcanzar una estrecha relación de cooperación. Ese artículo es el que sienta las bases de la posterior declaración política que también buscará el refrendo de los 27 en el Consejo Europeo del próximo domingo.

El pacto actual tiene relevancia jurídica, mientras que la declaración es más una propuesta de intenciones. Lo dicho, más política. Por eso España quiere dejarlo todo claro todo desde el principio; en el Acuerdo de Salida, el que vale de momento. Y si no se puede mediante la modificación del artículo en cuestión, al menos, añadiendo una anexo o una referencia expresa sobre su pretensión sobre Gibraltar.

Y eso aunque pudiera darse por entendido que el 184 ya cubre la situación del Peñón, puesto que Gibraltar se integra en el voluminoso pacto con un protocolo específico -que sí incide en que todo pasa por los acuerdos particulares que suscriban Madrid y Londres-. Pero tanto la Abogacía Estado, como la asesoría jurídica internacional, no lo entienden así. Se requieren más garantías porque «no esta suficientemente clara la distinción entre la negociación futura del Reino Unido con la Unión Europea y la bilateral con España sobre Gibraltar, que no olvidemos, ni está en la unión aduanera ni en el Reino Unido» por su condición de colonia británica.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha verbalizado públicamente el pulso en estos términos: «Si la primera ministra, Theresa May, ha dicho que no aprobará el acuerdo de retirada hasta que no tenga la relación futura; pues nosotros lo mismo, hasta que no sepamos lo que dice, tampoco vamos a aprobar el acuerdo de retirada». En relación con el periodo de prórroga que pudiera aplicarse en caso de que, haya que estirar los 21 meses de transición (el tope está fijado hoy en diciembre de 2020) porque Bruselas y Londres no cierren el acuerdo sobre esa relación futura, España abogaría por alargar la situación más allá de un año, hasta 2021, lo que contradice también la posición del equipo negociador de Michel Barnier, que abogaba por un periodo de dos años, hasta 2022.