Ocho meses después de que se entregaran ilegalmente 15 970 licencias de conducir, los gremios de choferes ajustan los filtros para evitar que se utilice este tipo de permiso. Las indagaciones muestran que estos documentos fueron entregados a conductores de 14 tipos de automotores, como buses intercantonales, interparroquiales, taxis, camionetas, vehículos pesados, motos, cuadrones, etc. (ver info). Tras una reunión de 12 000 socios a escala nacional, la Federación de Buses Interprovinciales, Intercantonales e Interparroquiales decidió revisar la licencia de los conductores contratados desde marzo, cuando se produjo la denuncia. A los nuevos choferes, además, se les exige un certificado que otorga la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), para corroborar que los papeles sean legales y tengan los 30 puntos necesarios. Pero una red delictiva también entregó ilegalmente estos permisos. Por eso, el presidente de esta Federación de transportistas, Abel Gómez, asegura que el control se dificulta. Por ahora, apenas el 4% (648) de los carnés ilegales han sido dados de baja. La mayoría de estos documentos estaba en el transporte pesado (417). Otros fueron entregados a conductores de motocicletas, automóviles, taxis, buses y de maquinaria pesada. Este Diario habló con el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, Luis Felipe Vizcaíno. Él asegura que la ANT no le ha notificado del nuevo hallazgo. Pero dos semanas atrás, los socios se reunieron para solicitar a la Agencia de Tránsito el listado de las personas que tienen las licencias ilegales. Hace dos meses, en el último taller que tuvieron con la ANT y el Ministerio de Transporte, ya solicitaron esa nómina pero aseguran no haber recibido información alguna. Esta semana pedirán una cita con el presidente de la Agencia de Tránsito, �lvaro Guzmán, para solicitar datos del caso. Este funcionario aseguró que el tema se ventila judicialmente en las oficinas fiscales. La dirigencia del transporte pesado reconoce que hasta ahora no se pide un documento que avale la legalidad del permiso, sino que se “confía� en la experiencia del conductor y en los certificados de honorabilidad que presentan. En esta semana se reunirán los dirigentes para decidir que sus trabajadores también presenten el certificado de la Agencia de Tránsito. Ese documento sí lo piden los taxistas de Pichincha. En este gremio además se solicita una copia del permiso de conducción. La idea es registrar el número de la especie de la licencia y cruzar información con la base de datos que tiene la ANT. “Ahora hemos puesto más atención a los papeles�, asegura Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha. Los documentos entregados por los conductores son enviados a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT-Quito), para que sean sometidos a una nueva revisión técnica. De esta forma se quiere seguir la pista de las licencias ilegales. Los taxistas también solicitarán a la Agencia de Tránsito el listado de quienes recibieron los carnés ilegales. La idea es cotejar con la nómina de sus trabajadores y conocer las anomalías existentes. “Es complicado detectar los documentos ilegales, porque son físicamente normales. Por eso no podemos descartar que al menos haya uno dentro de nuestro organismo�, advierte Carlos Brunis. Los 25 000 socios de la Federación de Transporte de Carga Liviana (camionetas de una y dos cabinas) dicen estar preocupados por este hecho. Allí, el 40% de sus unidades es conducido por sus dueños y el 60%, por personas contratadas. En esta Federación no se pide el certificado de la ANT, pero de acuerdo con la licencia se verifica que este documento esté registrado en el sistema informático de la Agencia de Tránsito. Leonel Cabrera reconoce que eso no garantiza que los permisos hayan sido obtenidos de manera legal. No descartan pedir más certificados. Este tema se resolverá en reu­niones convocadas para esta semana a escala nacional. Los transportistas piden que la Agencia de Tránsito también refuerce su sistema informático, para que no se repitan estos hechos. En diciembre del 2017, la Policía detuvo a 51 personas en 10 provincias y, entre otras cosas, detectó que una red delictiva entregaba licencias falsificadas. Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, pide mayor celeridad de la justicia para aclarar estos hechos. “Hay que tomar en consideración que estas 15 970 licencias son producto de un delito informático, pero hay otro tipo de delito que es por falsificación de los documentos�. En enero del 2016 se detectó la entrega de 600 credenciales adulteradas. Los investigadores descubrieron una banda organizada que operaba en tres provincias y que se dedicaba a la manipulación de sistemas virtuales para el registro de documentos falsos. Los transportistas dicen que es urgente parar estos hechos. La Asociación de Camionetas de Pichincha se reunió hace dos semanas en Quito, para revisar las medidas de seguridad que existen en ese gremio. Sus dirigentes solicitarán que la ANT entregue la lista de los beneficiarios de los permisos ilegales y piden que se agilite la investigación, porque “constituye un peligro permanente en las vías y en las carreteras del país�. Entre enero y septiembre de este año, la ANT ha reportado 18 889 siniestros. Solo en septiembre hubo 2 143 percances en el país. De esa cifra, el 47% fue producido por automóviles, el 18% por motos, el 15% por camionetas, el 6% por camiones, otro porcentaje similar por buses, etc. Los gremios piden a los investigadores que la indagación se adelante para saber exactamente quiénes tienen las licencias falsas.

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