El prefecto señaló que la resolución de destitución “carece de elementos de derecho que la sustenten ya que no fueron considerados los elementos de descargos que legalmente presenté” luego de las observaciones que hizo Contraloría.

Zambrano dijo que acudirá a las instancias que sean necesarias para defender el cargo. “Las funciones como Prefecto de Manabí están intactas ya que la resolución no está en firme y mi actuación seguirá ejerciéndose normalmente”, dijo en las cortas declaraciones que dio leyendo un documento.

Agregó que el contralor no tiene la facultad de destituir un funcionario de elección popular.

En la rueda de prensa también se pronunció su abogado defensor, Roosvelt Cedeño, quien explicó sobre la defensa del proceso y dijo que sobre este caso existe caducidad y además está en proceso de impugnación. Señaló que la misma Ley de Contraloría establece cómo se puede apelar cosa que realizarán.

El jurista confirmó que hay al menos cinco investigaciones penales y otras de responsabilidades administrativas y civiles contra Zambrano.

El martes se conoció un documento donde Contraloría General del Estado notificó al Ministro de Trabajo para que “se registre el impedimento para ejercer funciones públicas” de Zambrano.

El contralor (s) Pablo Celi remitió al ministro de Trabajo Raúl Ledesma, “copia certificada de la Resolución de responsabilidad Nº 45138 de 19 de octubre de 2018, en la que se establece sanción de DESTITUCIÓN del cargo de Prefecto Provincial de Manabí”.

El organismo ha investigado procesos respecto de obras realizadas en La Manga del Cura (El Carmen), así como los contratos de la empresa Marzam (a la que Zambrano aparece vincilado) con el Estado, entre otros.

FUENTE EL DIARIO