Resoluciones legislativas, con poco efecto

Como una forma de “show” y de “buscar pantalla en la televisión”, así ve Elio Peña, de Pachakutik, a muchas propuestas de resoluciones que se han vuelto recurrentes en el Pleno de la Asamblea. Es una lectura que comparten otros legisladores como Pabel Muñoz, del grupo de la Revolución Ciudadana, quien reconoce que esta situación repercute en la agenda legislativa porque supone modificar el orden del día de las sesiones. “Hay asambleístas que nunca han intervenido aportando en el debate de una ley, pero han presentado tres, cuatro cambios del orden del día”, dice Muñoz. “Creemos que es una práctica política que hay que cambiar”, añade. Por eso, en la última reunión que los jefes de las bancadas mantuvieron con la presidenta de la Asamblea, la oficialista Elizabeth Cabezas, la semana pasada, se comprometieron a tratar de frenar este modo de actuar dentro del Pleno. “Si se van a hacer resoluciones que se hagan ’a la vena’ y que tengan efecto jurídico”, enfatizó Homero Castanier, jefe de la bancada de Creo, al plantear que los coordinadores se den a la tarea esta semana de “evitar los exhortos”. En el actual período legislativo, que se inició el 14 de mayo de 2017, se contabiliza que 116 resoluciones han sido aprobadas y los propios asambleístas admiten que las relacionadas con “exhortos” (20) no han tenido ningún efecto. Eso pasó, por ejemplo, con las resoluciones que se aprobaron para pedir al presidente, Lenín Moreno, que reconsidere su decisión de cerrar la Secretaría Técnica de Drogas o el cierre de embajadas, como parte del ajuste económico. “Un exhorto tiene un mensaje eminentemente político y parlamentario, no tiene ningún efecto vinculante”, apunta el socialcristiano Luis Fernando Torres, uno de los vocales del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Un pedido de cambio de orden del día puede presentarse hasta 10 minutos antes de que se instale la sesión del Pleno. Por eso, es usual que antes de cada sesión, los proponentes recorran -con esfero en mano- las oficinas de sus colegas y los aborden en los corredores del Palacio Legislativo para conseguir las siete firmas que requieren para el trámite. En el portal web de la Asamblea solo se muestran las resoluciones aprobadas, pero no se lleva la cuenta de cuántos pedidos de cambios de orden del día se presentaron. De allí que Guillermo Celi, coordinador de SUMA, cree que este es un tema que el Parlamento debe entrar a debatir como parte de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que están en trámite. Hay otras resoluciones que se han quedado en declaraciones como aquella que catalogó a Santiago de Guayaquil como “Ciudad de Oportunidades y de Progreso Sostenido” o la que declaró a Bolívar como la Provincia de Identidad Patrimonial, Cultural, Turística, Emprendedora y Productiva. Pero hay otras que sí han surtido efecto, como la que se aprobó el 4 de octubre para dar paso a la investigación contra la legisladora correísta Sofía Espín por haber visitado en la cárcel a una testigo protegida del caso relacionado con el secuestro de Fernando Balda. ​ Dos días antes el Pleno había aprobado otra resolución para solicitar la comparecencia de los vocales del Consejo de la Judicatura de Transición para que aclaren las inquietudes surgidas sobre su gestión ante la Comisión de Fiscalización. Fue mediante una resolución cuando a inicios de este año la Asamblea dio paso a la designación de  María Alejandra Vicuña como Vicepresidenta, después de que el 25 de agosto del año pasado allanara el camino para el enjuiciamiento penal de Jorge Glas. Entre las más relevantes, también están la que consumó la destitución del oficialista José Serrano como presidente de la Asamblea y la de Carlos Baca Mancheno como fiscal General, luego de un juicio político.

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