Se ha terminado la etapa de evaluación y preparatoria de juicio en el caso, señaló el Fiscal, quien recalcó que, en este periodo, el juez de Garantías Penales verificó que toda la investigación de la Fiscalía cumpliera con el debido proceso.

“Hace un control, el juzgador, para establecer si, en efecto, los sujetos procesales hemos respetado todas las garantías que la Constitución de la República, en el artículo 76, garantiza”, dijo.

Una vez que se hizo la verificación por parte de la jueza, se declaró la validez de los actos de investigación y se presentó el dictamen fiscal correspondiente.

“Es un caso del año 2012, donde sucedieron los hechos y que, lógicamente, el proceso penal se inició en el año 2018, es decir, transcurrieron alrededor de 6 años sin que se haya dado una justicia oportuna”, recordó.

Una vez que la Fiscalía hizo la investigación, especialmente, con los datos de las Asistencias Penales Internacionales, remitidas desde Colombia, se pudo, dentro del marco de la investigación ecuatoriana, contar con los elementos de convicción, dijo.

“Este es un caso que nos ha demando mucho tiempo porque hemos tenido que hacer una investigación desde la Fiscalía General, hemos logrado obtener esos elementos de convicción, hemos logrado que las personas hagan una cooperación con la justicia”, explicó.

Según el Fiscal, los elementos de convicción relevantes han sido documentos recabados de las distintas instituciones, tomando en cuenta, dijo Pérez, que mucha de la información ha sido desclasificada, pues tenía la etiqueta de “secretísima”, es decir, tenía que estar bajo reserva por 15 años.

“Es información que se encontraba dentro de los organismos de inteligencia y la Ley de Seguridad Pública del Estado exige que toda esta información, cuando está clasificada, no pueda ser de conocimiento público, consecuentemente, existe un procedimiento legal para poder hacer la desclasificación de este tipo de información”, mencionó.

Pérez confirmó que uno de los principales elementos de convicción en contra del ex Presidente Rafael Correa sería una grabación, que lo implicaría directamente en la organización y orden de realizar el proceso, denominada operación “Wilson”.

“Esta fue una operación sistemática, que, en el tiempo, ya, desde mucho tiempo antes del mismo secuestro, se empezó a hacer un seguimiento ilegal porque no existía ninguna autorización judicial”, sostuvo e indicó que, cuando se pidió la certificación respectiva a la Corte Nacional de Justicia, que es la que emite las órdenes, no se presentó el documento.

“Una vez que empezamos a receptar las versiones de las autoridades que estuvieron al frente de las instituciones, especialmente, el ex Ministro Coordinador de Seguridad y el señor perito, que realizó esta experticia para establecer cuál fue la cadena de mando, se logró establecer una cosa importante: los agentes no dependían directamente del Ministerio del Interior”, reveló Pérez sobre las razones por las que no se vinculó a José Serrano, quien, en ese entonces, era Ministro del Interior.

Recalcó que el mandato de la Ley de Seguridad Pública y del Estado indica que los organismos de inteligencia y contrainteligencia dependían de la Secretaría de Inteligencia.

“En esa experticia resultó como conclusión que la cadena de mando fue directa entre los agentes, el ex Secretario de Inteligencia y directamente con el ex Presidente”, sumó.

Sobre los dictámenes abstentivos a favor del ex Director de Inteligencia de la Policía Nacional, Fausto Tamayo, y el policía Jorge Espinosa, Pérez explicó: “De los elementos de convicción nos apareció que ellos no tuvieron conocimiento, así como lo afirmó, en su testimonio, el cooperador”.

Así también reveló que, en el año 2013, desde Colombia se pidió una Asistencia Penal Internacional a Ecuador por este caso.

“Una vez que se tuvo conocimiento de esta Asistencia Penal Internacional, la misma no fue despachada ni fue atendida oportunamente, a tal punto que, en el mismo proceso, aparecieron oficios de anteriores autoridades, que se negaron a firmar la Asistencia Penal Internacional para dar contestación a los requerimientos que se hacía desde Colombia”, expresó.

Paúl Pérez señaló que los autores del secuestro aceptaron los cargos y firmaron los preacuerdos con la justicia colombiana, con una rebaja de la pena; en total, hubo 5 sentenciados en el vecino país.

“Actualmente, las personas están sentenciadas y se han realizado todas las gestiones para que, desde Colombia, nos remitan toda esa información, la misma fue remitida, ventajosamente, con la debida oportunidad, para poder usar esta información como elemento de convicción en el juicio acá”, precisó.

Con información de Teleamazonas y Ecuadorinmediato

(PAY)