En octubre, el Ministerio de Finanzas comienza la etapa de revisión, análisis y validación de la información para la elaboración de la Pro forma Presupuestaria del 2019, que de acuerdo con el cronograma, deberá presentar a la Asamblea Nacional para su aprobación hasta el 1 de noviembre. A diferencia de la Pro forma 2018, el documento que presentará el Ministro de Finanzas para el próximo año deberá incluir compromisos por USD  5 817 millones, lo que presionará a la caja fiscal. De este monto, el 88% corresponde a compromisos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (ver recuadros).  El resto tiene que ver con la deuda que mantiene el Fisco con exfuncionarios que se acogieron a la jubilación voluntaria y con los mayores beneficios establecidos en la Ley Amazónica, aprobada el año pasado. Esta norma obliga al Estado a aportar a un fondo para el desarrollo de la zona. Estas obligaciones elevarán los gastos el próximo año. Según el Plan Prosperidad, presentado en agosto, los gastos corrientes -aquellos que engloban salarios del sector público, mantenimiento del Estado y los aportes a la seguridad social- se incrementarán del 17,5% del PIB, que se estima para el 2018, a 18,20% en el 2019.  Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, explica que el próximo año el Gobierno no tendrá fuentes adicionales de ingresos por la vía de tributos, a diferencia de este, que se beneficia de la remisión tributaria. De hecho, en el Plan Prosperidad, presentado en agosto pasado, el Gobierno proyecta para el próximo año USD 216 millones menos en ingresos tributarios que en el 2018. Por ventas de crudo, Finanzas, en cambio, espera tener más recursos y proyecta un alza de USD 540 millones en relación a lo previsto para este año.  Por el lado de los gastos, el Fisco seguirá con ajustes en inversión en obra pública. En el 2019 este rubro se reducirá en al menos USD 1 000 millones. Según analistas, el recorte de la inversión tendrá un impacto en las cifras de crecimiento del país y de empleo, mientras la inversión privada no llene el espacio que dejará el Estado. El reto para el equipo de Finanzas será definir las fuentes de financiamiento, en un contexto en que el riesgo país del Ecuador está sobre los 600 puntos, un nivel que encarece el acceso al mercado de bonos. Para el próximo año, Finanzas deberá conseguir unos USD 8 100 millones en nueva deuda para atender sus gastos y obligaciones. Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, el 2019 es un año clave, en el que el Gobierno deberá reducir el déficit fiscal y poner en orden las cuentas para hacer frente al 2020, cuando deberá pagar USD 1 500  millones por el vencimiento de los bonos soberanos 2020. Con este escenario, obtener a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es la mejor opción, según Augusto de la Torre, exjefe del Banco Mundial para América Latina. Ortiz destaca que si el FMI entrega recursos al país, no se usarían para el Presupuesto General del Estado, sino para fortalecer las reservas. Aporte para pensiones A partir del 2019, por orden de la Corte Constitucional, el Estado debe restituir el aporte fijo del 40% al IESS, destinado al pago de pensiones. Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, la contribución bordea los USD 1 500 millones al año. Con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Laboral, en abril del 2015, el aporte fue sustituido por un subsidio que debía ser aplicado únicamente cuando el IESS no contara con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago del Seguro General Obligatorio y del régimen especial del Seguro Social Campesino. En los años siguientes el Estado dejó de aportar para jubilaciones, lo que ahondó el déficit del fondo de pensiones. Prestaciones para jubilados Según proyecciones del IESS, el monto que el Estado debe aportar al año para cubrir prestaciones médicas a jubilados y personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas bordea los USD 500 millones. Ese es el rubro que deberá cubrir el próximo año el Fisco en sus compromisos con el fondo de salud, sin contar la deuda acumulada por este concepto y que se arrastra desde el 2002 por USD 3 101 millones hasta junio de este año, según consta en los balances del IESS. En el presupuesto estatal de este año no se destinó ningún monto a este fondo. El Seguro Social ha cubierto el gasto de estas atenciones médicas tomando recursos de su presupuesto, lo que ha perjudicado su sostenibilidad. Más por la Ley Amazónica La Ley Orgánica Especial de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que fue aprobada en marzo por la Asamblea Nacional, aborda de manera integral temas de planificación, economía, educación, cultura, ambiente, etc., para la Región Amazónica. En materia económica, la ley dispone que el Fondo de Ecodesarrollo para la Amazonía recibirá más aportes por petróleo, gracias al incremento de USD 1 a 2 por barril, lo que significa un aumento de las asignaciones fiscales de USD 200 millones a 400 millones para la región. Esto se destinará principalmente a servicios de agua potable, alcantarillado y vialidad. Deuda por salud con el IESS El monto de la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social, por la atención médica que brinda a jubilados y personas con enfermedades catastróficas, ascendía a junio pasado a USD 3 101 millones, según balances del IESS a junio pasado. Legalmente estos gastos deben ser cubiertos por el Estado; sin embargo, se encuentra en mora desde el 2001. La deuda estatal fue eliminada en septiembre del 2016 de los balances del IESS, pero un informe de Contraloría, de junio del 2017, determinó que debía ser restituida. El Jefe de Estado ofreció comenzar a ponerse al día desde el próximo año. Jubilados del Estado, impagos Por la falta de liquidez del Estado, alrededor de 23 500 jubilados que se acogieron a la jubilación voluntaria tenían pendiente el pago de la bonificación dispuesta por el Gobierno. El Estado acumuló una deuda que ascendía a USD 1 250 millones. De este valor, el actual Régimen ya ha cancelado USD 634 millones hasta septiembre. En lo que resta del 2018 está previsto que se cancelen USD 100 millones más. Eso significa que para el 2019 queda pendiente por cancelar un saldo de USD 516 millones. Según el Ministerio de Finanzas, unos 11 463 jubilados esperaban hasta agosto pasado que se les cancelara la bonificación adeudada.

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