Este dispositivo es parte de las medidas cautelares dictadas por la Corte Nacional de Justicia luego de que Bernal siguiera varios procesos legales contra el Estado por una supuesta deuda de $ 8’160.000 por la construcción de las plantas de tratamiento de agua Cuatro Esquinas y El Ceibal, contratadas por la extinta CRM y que asumió Senagua cuando se creó la mencionada  institución.

¿Cuál es el origen de su denuncia?

El Estado recibió la obra de las plantas de agua y aunque pagó un anticipo, una vez que se entregó la obra y que se encuentra prestando servicios, no se canceló a los contratistas el total.

Es decir, el Estado se está lucrando de nuestro sacrificio.

¿Cuántos contratistas fueron perjudicados?

El contratista principal fue la compañía francesa Degremont y tres subcontratistas nacionales, entre ellos yo.

¿Han seguido alguna acción legal contra el Estado?

Son varios los procesos legales que se instauraron, pero sorpresivamente no ha funcionado ninguno de los procesos judiciales ni la ejecución de un acta de mediación, que fue calificada, sustanciada y resuelta a través del Tribunal de lo Contencioso y Tributario de Portoviejo, por ese temor reverencial con el Estado, terminó declarando sin lugar la demanda.

¿Qué ocurrió después?

Eso generó otras gestiones políticas, administrativas, judiciales, que con la administración del exministro de la Senagua Walter Solís Valarezo, con criterio acertado sobre la base de los documentos jurídicos y acta de mediación, consideró que el pago estaba legitimado en los documentos y solicitó al Ministerio de Finanzas que transfiriera esos recursos a Manabí.

Pero solo se alcanzó a pagar al abogado particular que patrocinó la gestión de cobro.

Ante esto ¿Qué nuevas acciones han tomado?

Estamos en el limbo, porque en lugar de que el Estado garantice el pago, los contratistas están enfrentando un proceso judicial por presunto peculado.

¿Cuáles son las medidas cautelares que se han dictado en su contra?

Hace cinco meses (a Bernal) se le prohibió la salida del país, enajenaron sus bienes, inhabilitaron sus cuentas y además se le colocó un dispositivo electrónico.

Sin embargo, este no es el único problema legal que enfrenta. ¿Qué ocurrió con Ciudad Alfaro?

Cuando se iba a realizar la inauguración de Ciudad Alfaro, en Montecristi, a cargo en ese entonces de Tatiana Hidrovo, se solicitó como préstamo unas piezas arqueológicas (entre ellas sillas manteñas) para usarlas ese día, pero lamentablemente la institución ha retenido indebidamente piezas arqueológicas y hasta ahora no las devuelven.

En el 2014 le incautaron varias piezas arqueológicas. ¿Qué fue lo que pasó?

Tras un allanamiento a su propiedad por parte de la Policía y la Fiscalía (a Bernal) se le incautaron 860 piezas arqueológicas. Sin embargo, luego de sustentar que es un coleccionista basado en la Ley de Patrimonio Cultural, la Fiscalía dispuso el archivo de la causa por supuesto tráfico, pero el fiscal omitió que al cierre de ese proceso se realice la devolución de las piezas.

¿Hicieron algo más para recuperar estas piezas?

El fiscal provincial pidió a un perito que realice un inventario de las piezas para su devolución, sin embargo el Ministerio de Patrimonio Cultural ordenó que se suspenda un inventario. Por esta medida, que pasa sobre una orden fiscal, el caso está en el limbo y la colección aún no ha sido devuelta.

Abogado, ¿Cómo una persona puede tener tantos restos arqueológicos en su poder?

De las excavaciones que realiza por su trabajo en obra civil y de recolección de otras. No puede ser que por esto se lo acuse de tráfico de patrimonio, cuando bajo la Ley de Patrimonio, él es un coleccionista privado.

FUENTE EL DIARIO