Reformas a Ley Orgánica de Comunicación activan posturas sobre libertades
La apertura del primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) activó la posición de los bloques legislativos frente al papel de la prensa sin la presencia de la Superintendencia de Comunicación y la figura del linchamiento mediático como censores de la actividad de los medios de comunicación.
Tras la lectura del informe, el pleno de la Asamblea recibió a representantes de los radiodifusores, quienes insistieron en una transitoria que garantice la renovación automática de las frecuencias de aquellos casos cuya concesión está prorrogada desde el 2014.
En representación de los artistas, autores y compositores acudió Héctor Jaramillo, quien propuso que el pleno no modifique los textos donde se garantiza que la programación radial debe, obligatoriamente, contener música nacional.
Desde el bloque correísta Gabriela Rivadeneira, Marcela Holguín y José Chalá defendieron la ley vigente y se pronunciaron por la no eliminación de la Supercom y del linchamiento mediático.
Rivadeneira dijo que dicha figura fue concebida como una garantía para que no repitan persecuciones organizadas para desprestigiar personas.
Desde CREO, César Carrión planteó eliminar los textos que se refieren a los códigos deontológicos y afirmó que ese tipo de censura previa funcionaba en el sistema represivo que impuso el anterior gobierno.
Su coideario Patricio Donoso dijo que lo más sensato es derogar la actual ley por inconstitucional y hacer una ley de común acuerdo.
Jaime Olivo (PK) presentó su apoyo a las reformas.
Lenin Plaza (AP) dijo que el debate sobre este tema viene desde mucho tiempo atrás, y que la Asamblea tiene la oportunidad de entregar una norma que garantice la libertad de expresión sin represión. (I)
Los documentos de la Senain son una de las 28 evidencias que el investigador presentó contra el exmandatario ante la jueza a cargo del caso. Minutos después hizo la misma acusación y pedido de llamamiento a juicio para los demás procesados en este caso: Pablo Romero, exjefe de la Senain, y los agentes de la Policía Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Estos dos últimos cumplen prisión preventiva en Quito y, actualmente, se encuentran en el programa de Protección Para Víctimas y Testigos, tras haber declarado que Correa ordenó el secuestro. Ayer, Diego Chimbo, abogado de los dos policías, indicó que se aumentará la protección de Falcón, después de la visita que le realizaron la asambleísta Sofía Espín y Yadira Cadena, una abogada que trabaja con Caupolicán Ochoa, defensor de Correa. La visita a la prisión de Quito se produjo el lunes, un día antes de que la Corte Nacional reinstalara la audiencia los cuatro procesados. Según Chimbo, la legisladora le habría pedido a su cliente que cambie su versión y dija que fue presionada por el Fiscal General. Esto a cambio de escribir asilo en Bélgica y protección de la ONU. “Vemos una legisladora instigando a alguien a que engañe a la justicia, que engañe al juez”, dijo el defensor. Anunció que presentará una denuncia contra la legisladora por tráfico de influencias y por supuestamente incitar a fraude procesal. Dijo que su otro cliente, Chicaiza, también ha recibido visitas en las que se le insinúa que cambie su versión. No precisó qué personas. Tras hacerse pública esta denuncia, Espín confirmó que sí visitó a la agente. “Sí. El día de ayer me acerqué adonde ella está, para ver las condiciones en las que se encuentra”. De su lado, Caupolicán Ochoa manifestó: “El que una procesada reciba una visita no es un delito para nadie. No conozco la naturaleza de esa conversación… A mí me conduele su situación, cuando no hay una sola prueba en su contra y se le mantenga como rehén, solo con el propósito de incriminar a una tercera persona”. Según el abogado, la Fiscalía no tiene ninguna evidencia en contra de Correa y además, para él, la Fiscalía General obligó a los policías procesados a declararse culpables. En una rueda de prensa, Ochoa fue consultado reiteradamente sobre su relación laboral con Yadira Cadena, la mujer que acompañó a Espín a la visita, pero evitó responder. Finalmente, tras la insistencia de los periodistas dijo: “la señorita es abogada en libre ejercicio”. Horas antes, la mujer fue vista en el auditorio de la Corte, en compañía de personas cercanas al correísmo. Se ubicó en el lugar exclusivo de los acusados, detrás de Ochoa.
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