Cinco años después llega la revisión. La Ley de Educación Superior cumple su etapa de adaptación y terminará, la próxima semana, con la prohibición de crear nuevas universidades en el país.

La comunidad académica guayaquileña parece, a estas alturas, más preocupada por evaluar el tiempo transcurrido bajo la reestructuración jurídica, que por imaginar las posibilidades futuras.

En general, la posibilidad de abrir nuevos espacios de educación superior parece una buena noticia. Pero la complejidad para concretarla en centros funcionales sigue siendo un desafío.

“Aunque se habla de una luz verde para nuevas universidades, creo que va a ser muy difícil que se creen nuevas universidades privadas por las problemáticas que les van a ser presentadas”, asegura el canciller de la Universidad Ecotec, Roberto Passailaigue, quien valora a la ley como “positiva”, pero cree que su aplicación ha “entorpecido” más de un ámbito del desarrollo académico.

Los problemas a los que hace referencia Passailaigue son, en palabras de su colega Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, parte de un “sistema hipertrofiado” en el que la creación de nuevos centros resulta poco atractiva.

“Es muy complicado. Es todo un procedimiento que incluye un informe favorable de la Senplades y la aprobación de la Asamblea Nacional. No veo grupos interesados en crear nuevos centros porque, precisamente, una de las mayores preocupaciones de las universidades es la hipertrofia de regulaciones que existe”, explica Hernández, quien fuera en su momento el vocero de la extinta Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares.

Las universidades han vivido, en el último lustro, bajo la mirada del Gobierno Nacional y el pedido de elevar el nivel con la inclusión de plantillas con mayor número de PhD, infraestructuras adecuadas y evaluación constante.

FUENTE: EXPRESO