Por un cable, que corre paralelo a dos cabos, se aproxima una carga que cuelga de un gancho. Son cuatro sacos con trastos. En la parte alta de una loma, una veintena de hombres y mujeres, de toda edad, está a la espera de aquella carga, que viene desde otro cerro, el de Pucul, ubicado a unos 800 metros en línea recta y en donde hay otro grupo de personas.

Es miércoles 31 de julio y en Pucul, sector de la parroquia Shumiral del cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez, se desarrolla un operativo de intervención para acabar con un campamento minero ilegal. 350 policías, 30 militares, cinco fiscales y autoridades azuayas tomaron parte. Este asentamiento minero ilegal se ubicó en aquel cerro, con casuchas de plástico improvisadas junto a los túneles o bocas de mina.

“Otra vez nos toca trastear. Hoy sí que se han dado por perseguirnos, pero nosotros somos solo trabajadores que buscamos subsistir. Los de plata nunca pierden, a ellos les da igual, ya irán a otro lado”, dice Humberto, como se identifica un hombre de 50 años, oriundo de Loja y que confiesa que ha vivido en diversas minas del país “casi toda la vida”.

‘Los de plata’ son aquellos también llamados ‘inversionistas’ que instalan estructuras destinadas a obtener minerales del suelo, sobre todo en zonas no permitidas, o que ya han sido concesionadas a otras personas o empresas. Uno de ellos cuenta que ‘perdió’ $ 6.000.

Humberto dice que algunos de los que tenían minas en Pucul también las poseían en Buenos Aires, zona minera ilegal de Imbabura donde la Policía, el Ejército y las autoridades expulsaron a 5.000 personas que se dedicaban a esa actividad de manera ilegal. Allí, la Fiscalía y la Policía determinaron además que se cometieron once tipos de delito. Humberto y la mitad de sus compañeros también salieron de Buenos Aires, por el operativo de hace un mes.

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