Contraloría realizó exámenes especiales a la universidad y a la empresa pública, ambas asentadas en Urcuquí. Encontró irregularidades en cuanto a viáticos y en la relación con contratistas. La Ciudad del Conocimiento, más conocida como Yachay Empresa Pública (EP) y la Universidad Yachay Tech siguen en la mira luego de los dos exámenes especiales realizados por la Contraloría. Aunque hay otras auditorías que se desarrollan paralelamente dos ya se han difundido. En ellos se detectaron supuestas irregularidades que iban desde los pagos a contratistas; falta de control de las obras, arriendos de oficinas sin justificar, consultorías que no se usaron, compra de equipos tecnológicos sin sustento, hasta el mal manejo administrativo del personal, entre otras anomalías. El primer informe abordó a la Empresa Pública Yachay, creada en marzo de 2013 para edificar la Ciudad del Conocimiento en Urcuquí, en la provincia de Imbabura. La Contraloría emitió 10 observaciones a la gestión de las anteriores autoridades encabezadas por Héctor Rodríguez. El informe señala que se autorizó la realización de obras y prestación de servicios sin contratos previos, lo que generó obligaciones por más de $ 5 millones. La cifra fue cancelada a los contratistas mediante cinco convenios de pago. Una figura legal que se usa solo en casos extraordinarios. Tampoco se efectuó el reajuste de precios antes del pago del anticipo del contrato para construcción del proyecto de infraestructura y equipamiento urbano de la ciudad del Conocimiento, lo que ocasionó un pago en exceso de  $ 954.379. También existieron diferencias en volúmenes planillados en el proyecto del Clúster Ciencias de la Tierra que provocó pagos por más de $ 3 millones. Otro contrato observado es para la construcción de vías internas del centro de estudios. Una obra que llegó a tener 824 días de demora, sin que las autoridades liquiden el contrato por estas fallas. Pero tampoco gestionaron la recuperación total del anticipo dado para las vías que llegó a los $ 10,5 millones. Además se constató que la Empresa Pública Yachay arrendaba inmuebles en Quito por $ 128.388, a pesar de contar con infraestructura suficiente en Urcuquí. En lo concerniente con la universidad la contraloría detectó faltas relacionadas con  pagos indebidos a funcionarios de la entidad. Uno de ellos es el pago de  más de $ 20.000 a parejas de esposos y profesores por concepto de viáticos por residencia. La ley determina que ese beneficio solo lo podía recibir uno, pero ambos ganaban esta compensación mensual. Otro de los casos es que en la universidad tampoco se liquidaron $ 10.064 del anticipo de viáticos del Secretario Académico por falta de informes de cumplimiento de actividades. Además iniciaron contrataciones sin verificar la existencia de las condiciones físicas y administrativas para la implementación de laboratorios. Esto ocasionó que hasta la fecha de cierre del examen los estudiantes cuenten con laboratorios de Biología, Física, Geología y Química, fundamentales para sus actividades académicas. La autoridad de control explicó en sus informes que dichas anormalidades atentaron contra el centro de estudios superiores, porque ese presupuesto que fue mal encaminado pudo servir para los programas y proyectos de la Ciudad del Conocimiento. Sin embargo el saliente rector de la Universidad del Conocimiento, Carlos Castillo, defiende su gestión y enfatiza “Vamos a intentar impugnar. Hay cosas que no aparecen en el informe de la Contraloría como, por ejemplo, que en agosto regresamos $ 1,8 millones al erario público por concepto de salarios de los miembros de la comisión gestora y decanos que no vivían en Ecuador. Asimismo, no se menciona que los pagos dobles de viáticos los detectamos nosotros. La mayoría de observaciones son anteriores a mi gestión�. Sostuvo Castillo quien dejó el cargo el pasado martes 13. Sobre el presupuesto de Yachay Tech para 2017, el exfuncionario reveló que se usó el 80% de los $ 21 millones destinados, es decir, $ 17 millones porque resaltó que se planificó la adquisición de un equipo que cuesta más de $ 1 millón que hubiera aumentado la realización o utilización de los rubros asignados. Pero que la proveedora ofreció un modelo nuevo sin costo, el que recién llegará el próximo año. (I)

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